Comunidades mayas denuncian despojo y exclusión en proyecto Maya Ka’an

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C . ProDESCm denunció que la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico de Maya Ka’an “es un proyecto excluyente y discriminatorio que invisibiliza a las comunidades y ejidos mayas, y promueve la pobreza económica como atracción turística de consumo”.

En un comunicado detallaron que los Ejidos de Bulukax, Dziuché, Kantemoc, La Presumida y Santa Gertrudis, titulares de las tierras y bienes naturales ubicados en el municipio de José María Morelos y dentro del polígono de dicho proyecto, “no comparten la visión y modelo turístico impulsados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, y demandan ser incluidos en los procesos de definición y toma de decisiones en torno a la Zona Rural, previo a cualquier acto de ejecución material”.

En su Decreto de creación, Maya Ka’an resalta la sólida base comunitaria y el patrimonio cultural y natural de las comunidades, pero detallaron que “ningún funcionario se acercó a las comunidades a discutir la pertinencia y alcances del proyecto, a pesar de que las leyes agraria y de protección de los pueblos y comunidades indígenas obligan a las autoridades –incluidas las del Gobierno del Estado– a consultar y obtener autorización previa para utilizar el patrimonio y la identidad de las comunidades”.

“Nuestros ejidos han sido sistemáticamente olvidados por administraciones que van y vienen. Cuando se acercan a nosotros es para ofrecernos una obra a cambio de que les demos a otros lo que es nuestro, nuestra tierra o nuestra laguna, para que ellos se la concedan a terceros y ellos se enriquezcan. Ahora lo hacen vía el turismo”, dice Ubaldo Ku y Chi, integrante del Comisariado de Dziuché.

Con la inminente inauguración del Tren Maya, una nueva oleada de proyectos turísticos están siendo promovidos en el Estado y la Península de Yucatán. A pesar de ser impulsados por un gobierno de “transformación”, siguen replicando viejas prácticas que en nada han beneficiado a las comunidades y ejidos mayas.

El Decreto de creación de Maya Ka’an y su Programa de Desarrollo identifican la falta de servicios, obras e infraestructura pública a las comunidades únicamente en función de su utilidad para la industria turística, pero no necesariamente para satisfacer las necesidades de la población local.

Además, dicho proyecto establece un papel secundario para las comunidades, quienes sólo podrán firmar convenios para “colaborar” con el Organismo Gestor de Maya Ka’an, acceder a préstamos y realizar recomendaciones y solicitudes, sin que tengan una participación real en la administración y gestión de los proyectos turísticos.

Las comunidades no serían dueñas de la marca “Maya Ka’an”, a pesar de ser propietarias de tierras y recursos comprendidos en el proyecto. Los beneficios que el Decreto refiere, se traducirían en acceso a trabajos poco remunerados, sin genuinos mecanismos de creación de emprendimientos colectivos propiedad de las propias comunidades.

Esta situación ya se ve reflejada en la defensa que han emprendido las comunidades de Felipe Carrillo Puerto de la reserva de Sian Ka’an contra el proyecto Puerta al Mar –uno de los que integran a Maya Ka’an– el cual dañará el equilibrio ecológico y despoja a las comunidades de su territorio.

El modelo turístico prevalente en el Estado, “lejos de generar beneficios para las comunidades, solamente incrementa la pobreza y desigualdad: a pesar de poseer mayor infraestructura y desarrollo turístico, la pobreza en el municipio de Felipe Carrillo Puerto aumentó 15.9% en los últimos 10 años; más personas se encuentran ahora en pobreza extrema y desigualdad que en 2010. Aun cuando Maya Ka’an se presenta como un nuevo modelo turístico, carece de mecanismos para asegurar que así sea”.

Con esto, “Maya Ka’an reproduce modelos de exclusión de comunidades históricamente discriminadas y marginadas. De acuerdo con datos oficiales, en 2020 el 80% de la población que habita en las localidades de José María Morelos comprendidas en el proyecto turístico viven en situación de pobreza, que aumentó 8.9% en los últimos 10 años. Las y los habitantes enfrentan rezagos significativos, como las propias autoridades reconocen: sólo 1% de las viviendas tiene acceso a drenaje y solo 4 de cada 10 personas cuentan con educación básica completa; el acceso a servicios de salud es sumamente limitado, pues el municipio cuenta solo con 14 camas de hospital para 13,334 habitantes”.

Señalaron que “estas formas de exclusión de las comunidades y ejidos no son nuevas. En 2011, el Gobierno del Estado emitió un Decreto de área natural protegida del Sistema Lagunar Chichankanab. Las asambleas ejidales no fueron consultadas ni se obtuvo su autorización para la constitución de dicha área natural protegida, aunado esto, el Decreto de creación transfería la administración de la laguna y tierras de los ejidos a terceros, incluidos particulares, con exclusión de los propios ejidos”.

Los Ejidos del Sistema Lagunar Chichankanab se han unido y comenzaron a trabajar colectivamente para evitar que estas prácticas sigan ocurriendo. ”Desde fines de 2022 y durante este año, las asambleas ejidales de nuestros ejidos han determinado que no darán entrada a ningún proyecto que nos despoje de nuestra tierra, laguna o nuestros derechos, y que nos excluya de la gestión y beneficios por la explotación de nuestros recursos”, señaló Venancio Aban Mejía, integrante del Comisariado de La Presumida.

“Cualquier proyecto como el de Maya Ka’an, que busque aprovechar recursos tangibles e intangibles de ejidos y comunidades indígenas, debe respetar lo establecido en las leyes nacionales y tratados internacionales, que requieren la participación directa de las comunidades en la definición del proyecto y mecanismos sustantivos de acceso a beneficios equitativos y culturalmente adecuados”, refiere Juan Antonio López, Coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, organización que acompaña a la Unión de Ejidos del Sistema Lagunar Chichankanab.

En el caso de Maya Ka’an, los Ejidos se declaran abiertos al diálogo para generar proyectos que sean gestionados por y para las propias comunidades, y no sólo sean utilizados para generar riqueza para unos a partir de la pobreza económica de otros –en este caso, los Ejidos del Sistema Lagunar Chichankanab.

Los Ejidos de Bulukax, Dziuché, Kantemoc, La Presumida y Santa Gertrudis comprenden un total de 850 ejidatarias y ejidatarios, y 37,397.1 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran la Laguna de Chichankanab, sitio Ramsar y el cuerpo de agua dulce interior más grande de la Península de Yucatán.

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC, organización mexicana de promoción y defensa de los derechos humanos –entre otros– de ejidos y comunidades indígenas, acompaña a esta Unión de Ejidos que hoy denuncian este nuevo intento de despojo hacia las comunidades mayas.