
Luego de que los seis empleados del restaurante-bar “Black Royce” fueran vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz, la defensa de una de las imputadas acusó que hubo “deficiencias” en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex).
El abogado Javier Olvera Hernández dio a conocer que se encuentran en el término de tres días para poder apelar la resolución de la Fiscalía, emitida en la audiencia del martes 15 de agosto en los Juzgados de Barrientos, ubicados en el municipio de Tlalnepantla.
Además de ser vinculados a proceso, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias, tiempo durante el cual los detenidos (cuatro mujeres y dos hombres) tendrán que permanecer en prisión preventiva justificada, pues se ratificó la medida cautelar impuesta anteriormente.
Sin embargo, a consideración de Olvera Hernández, quien representa a una de las mujeres identificadas como Ana Karen “N” (hay dos empleadas detenidas con ese nombre), la Fiscalía estatal no pudo determinar la intervención de cada uno de los imputados, según señaló en una entrevista con Milenio.

Es decir, que de acuerdo con el abogado no se acreditó el grado de participación que habrían tenido los trabajadores en los hechos registrados en la madrugada del domingo 6 de agosto en las inmediaciones del Black Royce, inmueble localizado en el municipio de Naucalpan, donde fue localizado sin vida el empresario de 41 años.
En ese sentido, el letrado indicó que hubo “diversas violaciones al proceso”. Explicó que aunque la Fiscalía del Edomex contaba con una serie de videos grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento, la defensa no pudo revisarlos en su momento porque se requería un programa especial para reproducir los archivos.
Si bien las autoridades mostraron un breve fragmento del material audiovisual, aseguró que no se aprecia cuando una de las imputadas supuestamente le suministra una sustancia al vaso de la víctima que podría haber provocado su deceso. “En ningún momento se observa dicha conducta”, indicó Olvera Hernández.
En los informes de las autoridades se indica que Iñigo Arenas estuvo acompañado por cuatro mujeres durante su estancia en el Black Royce, donde adquirió cuatro botellas de bebidas alcohólicas de 10 mil pesos cada una. “En algún momento las cuatro posibles implicadas le habrían suministrado a esta persona una sustancia cuya composición fue motivo de peritaje y forma parte de la teoría del caso de esta Fiscalía”, se lee en un comunicado compartido por dicha Institución.

Las mujeres mencionadas han sido identificadas como Aritzi Abril “N”, Ana Karen “N”, Cecilia “N” y Ana Karen “N”, quienes en compañía de otros dos sujetos (Carlos Daniel “N” y Eduardo “N”, este último captián de meseros) habrían persuadido al empresario a subir a una área “VIP” en la planta alta, donde consumieron las bebidas.
Al cabo de unos instantes, Iñigo comenzó a sentir malestares y no reaccionaba, por lo que los empleados le practicaron RCP. Posteriormente dieron aviso a los servicios de emergencia, los cuales determinaron que el empresario ya no contaba con signos vitales cuando lo revisaron.
Los resultados de la necropsia realizada indicaron que Iñigo pudo haber fallecido por una “asfixia mecánica por sofocación”.
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