
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, hizo un recuento este miércoles 14 de junio de las medidas que ha adoptado la administrración del mandatario demócrata para desmantelar las redes dedicadas al tráfico ilegal de armas en la frontera con México.
“El suministro de armas de fuego a los narcotraficantes les permite ampliar sus empresas y transportar drogas mortales, incluido fentanilo, a los Estados Unidos. Además, utilizan estas armas, que van desde pistolas hasta fusiles alto calibre, contra el pueblo mexicano”, advirtió la Casa Blanca en un comunicado.
El pasado miércoles 14 de junio, autoridades de Estados Unidos re reunieron en la sede de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para identificar una serie acciones a corto plazo para combatir el tráfico de armas y analizar los resultados conseguidos hasta ahora.
Entre las iniciativas propuestas se acordó aumentar los recursos de la Operación Southbound (de Norte a Sur), la cual opera mediante nueve grupos de trabajo instalados en ocho ciudades a lo largo de la frontera con México.
Como resultado de estas labores operativas, en el primer semestre del año fiscal 2023 se incautaron cerca de 2 mil armas de fuego, lo que supuso un aumento del 65,8% con respecto al mismo periodo del año fiscal 2022. En el primer semestre del año fiscal 23 se incautaron más de 80 mil cartuchos de munición, lo que también supone un aumento sustancial con respecto al mismo periodo del año fiscal 22.
Otra acción que ha implementado el gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas ha sido la Operación sin Rastro, mediante la cual identifican, persiguen, incautan e investigan los métodos de financiación, transporte y comunicaciones empleados por las redes de adquisición y contrabando de armas de fuego.
Desde su inicio, la Operación Sin Rastro ha dado lugar a más de 700 detenciones y a la incautación de más de mil 900 armas de fuego y más de 850 mil cartuchos de munición.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó el año pasado un nuevo grupo para combatir el tráfico de armas en la frontera suroeste, y el cual ya ha dado resultados como el procesamiento, n el Distrito de Arizona, de Jorge Zúñiga Aguilera, quien fue condenado a 27 meses de prisión federal por traficar con al menos 82 armas de fuego, incluida una que se utilizó para asesinar a un ciudadano mexicano.
El Departamento de Justicia ha imputado ya a más de 100 acusados por infracciones relativas al tráfico de armas de fuego o a su compra, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha impuesto varias sanciones a personas implicadas en el tráfico de armas.”).
Asimismo, el aumento de armas de fuego de fabricación casera, también conocidas como “armas fantasma”, ha agravado el problema.
Para responder a estas nuevas tecnologías, la ATF creó una Unidad de Amenazas Emergentes (ETY) con el fin de coordinar investigaciones multijurisdiccionales. El presidente Joe Biden también ordenó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) independiente que emitiera un informe público en el que se analizara cómo los fabricantes de armas comercializan armas de fuego incluso a menores de edad.
En 2021, el Departamento de Justicia anunció una nueva política para subrayar la “tolerancia cero” frente a los comerciantes de armas de fuego con licencia federal. Por ejemplo, la ATF publicó una norma final que aclaró las obligaciones legales de los comerciantes de armas de fuego de poner a disposición para su compra dispositivos compatibles de seguridad o de almacenamiento seguro de armas.
Profundizar la colaboración con México
En colaboración con el gobierno de México, el Departamento de Justicia, en colaboración con la Oficina Internacional de Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, amplió el acceso al sistema eTrace en México, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad mexicanas localizar rápidamente el origen y el comprador de muchas de las armas utilizadas en delitos.
De momento se han establecido cuentas en la mayoría de los estados mexicanos y se tiene previsto completar la implantación en los estados restantes este año.
El INL y la ATF han formado colectivamente a 757 expertos forenses e investigadores de organismos policiales federales y estatales en materia de identificación de armas de fuego y explosivos, así como a más de 118 expertos en el sistema eTrace de la ATF.
Como resultado de estos esfuerzos, las autoridades mexicanas enviaron a la ATF casi 12 mil rastreos en la primera mitad del año fiscal 2023, y más de un tercio de ellos fueron rastreados con éxito hasta los compradores.
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