
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a emitir ácidos comentarios en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek por otorgar una suspensión a la aplicación del segundo paquete de reformas que conforma el Plan B electoral.
Durante la conferencia de prensa del 28 de marzo, el mandatario federal volvió a asegurar que la decisión se dio de manera “arbitraria”, en un hecho inédito e injusto.
“Fue cancelada por un ministro, es interesante porque la aprobaron diputados y senadores del Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo la cancela. Es un hecho injusto inédito y arbitrario”, atajó.
Previamente el mandatario defendió al Plan B, mismo que fue impulsado desde Palacio Nacional tras ser desechada la Reforma Electoral que contemplaba modificaciones a nivel constitucional.
Con la medida de suspensión aprobada por la SCJN, se dio un doble freno a cualquier modificación en la ley electoral, por lo que López Obrador acusó a sus detractores de “querer que impere” el “poder conservador”.

Este es el segundo embate emprendido en contra del ministro desde la ya tradicional mañanera, ya que el pasado 27 de marzo el presidente lo acusó de haber “extralimitado” sus funciones dentro de la Suprema Corte de Justica de la Nación.
Asimismo, el tabasqueño ha señalado que la suspensión supuestamente obedecería a asuntos “políticos y mercantiles”, más allá de apelar al orden jurídico.
Si bien hasta el momento el ministro Laynez Potisek no se ha pronunciado por las declaraciones lanzadas desde el Poder Ejecutivo, recientemente se publicó la resolución completa que permitió dar freno al Plan B, misma en la que el abogado emitió sus argumentos al respecto.
De acuerdo con el documento, de no concederse la suspensión, el Instituto Nacional Electoral (INE) “quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico” (dispuesto por el Poder Legislativo) lo que significaría “la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos”.

Tras diversos planteamientos, en el texto se indicó: “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.
Si bien con ello se detuvo la implementación del Plan B, el fin de la batalla legal parece lejano, puesto que desde Presidencia se anunció que se buscará impugnar la decisión emitida desde el máximo tribunal.
Y es que, a través de un comunicado, el Gobierno de México acusó al ministro Laynez de haber “arrancado hojas de la Constitución”, ya que —como se señaló el pasado 26 de marzo— la resolución iría en contra del Artículo 105 de la Carta Magna.
“No es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”, señala el comunicado.
Al respecto, también se acusó que el INE “no tiene dentro de sus funciones” cuestionar las normas jurídicas que el poder Legislativo “tuvo a bien expedir”, ello debido a que fue este mismo organismo el que emprendió la controversia constitucional que derivó en la suspensión del Plan B.
En el comunicado, además de rechazar los argumentos respecto a la resolución final, se calificó de “preocupante” que el ministro Laynez Potisek suspendiera la aplicación de la totalidad del decreto, ya que, según acusaron las autoridades federales “el INE no lo solicitó así”.
“(El INE) no impugnó la totalidad de las normas modificadas sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, indicó el comunicado de Presidencia.
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