Defensa de García Luna buscó que se desestimaran las acusaciones por crimen organizado

Previo a los alegatos finales en el juicio de Genaro García Luna, su defensa realizó una de sus últimas movidas. A través de una carta dirigida al juez Brian Cogan, los abogados del exfuncionario mexicano intentaron que se desestimara uno de los cinco cargos que pesan en su contra.

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) enfrenta cinco cargos en Estados Unidos: tres relacionados con el narcotráfico (por conspirar para traficar cocaína), otro por su presunta relación con el crimen organizado (como sus supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa) y uno más por falsedad de declaraciones.

El cargo que la defensa legal de García Luna buscó que se le retirara fue el de crimen organizado. En la misiva firmada por los abogados Florian Miedel, César de Castro, Valerie Gotlib y Shannon McManus, se señaló que dicha acusación ya había prescrito, pues desde el año 2012 dejó de ocupar cargos públicos en el Gobierno de México, por lo habrían pasado cinco años para procesarlo.

“Instamos al Tribunal a que concluya que tanto la ley como los hechos en este caso permiten inferir que se produjo una retirada intencionada de una conspiración”, se lee en el documento fechado el 14 de febrero que fue compartido por el periodista Arturo Ángel, quien ha cubierto el juicio de García Luna desde la Corte de Brooklyn.

Lo anterior se justificó bajo el argumento de que García Luna salió del Gobierno de México y entró a una vida privada en Estados Unidos, por lo que sus abogados aseguraron que “se retiró intencionadamente de la supuesta conspiración” con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

Pese a que no habría sido elección de García Luna dejar el Gobierno, ello no le habría impedido buscar otro puesto en la policía ni seguir en México para supuestamente continuar ofreciendo apoyo al Cártel. En cambio -se señaló-, el acusado decidió trasladarse a Estados Unidos junto a su familia, por lo que después de 2012 no hay evidencias que comprueben que el exfuncionario mexicano participó en cualquier acción en nombre de dicho grupo criminal.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses no tardaron en responder dicha solicitud. En una carta nuevamente dirigida al juez Cogan se indicó que la petición de la defensa de García Luna no procede, toda vez que aún cuando se mudó a Estados Unidos, continuó viajando a México hasta 2019 -año en que fue detenido-, por lo que se presume pudo seguir beneficiándose de su presunta conspiración criminal.

“El acto pasivo del acusado de abandonar el cargo, como se vio obligado a hacer, no constituiría un acto afirmativo ‘dirigido a debilitar o socavar’ su conspiración con el Cártel de Sinaloa (...) La única teoría ofrecida por la defensa sobre la retirada es que el acusado abandonó el cargo público”, se señaló.

Sin embargo, se indicó que la salida de García Luna del gabinete de Felipe Calderón se trató de una “renuncia forzada” que no puede ser considerada como un acto afirmativo suficiente para demostrar el retiro voluntario de la conspiración, toda vez que dejó su cargo público en la Secretaría de Seguridad Pública porque la administración del expresidente panista ya había concluido, además de que su partido había perdido poder. De esa manera, se indicó que las relaciones de un funcionario público con el crimen organizado pueden continuar después de dejar su cargo.

Este miércoles 15 de febrero se dará inicio a los alegatos de clausura, en los que cada una de las partes presentará sus conclusiones del caso, por lo que ya no subirán más testigos al estrado. Una vez concluida esta etapa, los jurados emitirán su deliberación, es decir, que decidirán si García Luna es culpable o inocente.