
El huracán “Agatha” tocó suelo mexicano el 30 de mayo de 2022 en las costas del estado de Oaxaca. A su paso, además de ocasionar 11 muertes y la desaparición de más de 30 personas, redujo a escombros centenas de establecimientos y viviendas en varios municipios.
Sumado al impacto del fenómeno meteorológico, miles de familias del estado se han visto afectadas por aparentes casos de corrupción perpetrados por las y los presidentes municipales que tenían la encomienda de administrar y entregar los recursos entregados por el gobierno federal.
Así lo refirió el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, en una reciente conferencia de prensa. “El tema de los municipios que recibieron su recurso por los daños ocasionados por el huracán [...] En resumen no es nada bueno cómo usaron su recurso”, aseveró el funcionario.

Al ofrecer detalles respecto a esta situación, el mandatario estatal militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que se han realizado inspecciones sobre la utilización de los apoyos millonarios en siete de los 31 municipios que recibieron dinero para subsanar los daños ocasionados por “Agatha”. En tres de ellos se detectó que se habían desviado recursos.
“Por ejemplo, el presidente municipal de San Mateo Piñas (Tomás Victorio García), de los 50 millones de pesos se llevó 25 millones y se fue. Ya no sabemos nada de él”, dijo Salomón Jara.
Conviene mencionar que las acusaciones en contra de Victorio García ya se habían planteado desde que se separó de su cargo como alcalde, pues el edil interino que lo suplió, Sergio García Gabriel, denunció que habría transferido 25 millones de pesos de la cuenta municipal a una constructora privada aparentemente ubicada en Guerrero sin autorización alguna del Cabildo.

Las autoridades se percataron de dicho movimiento financiero cuando planeaban hacer uso de los 25 millones de pesos para restaurar la red de agua potable. Después de que Victorio García presentara su renuncia el 17 de julio de 2022 y fuera avalada unos días después, abandonó la localidad y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Otro exalcalde que fue señalado durante el discurso del gobernador por posible desvío de recursos fue Josué José Silva, quien gobernaba en el municipio de Pluma Hidalgo. “No dio muy bien sus cuentas, hay problemas”, especificó Salomón Jara Cruz.
A dicha demarcación también se le entregaron 50 millones de pesos con el fin de ayudar a las familias damnificadas y restaurar los servicios públicos. Sin embargo, el destino de dicha suma se mantiene como un misterio.
En junio de 2022, José Silva se manifestó frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir que se priorizara la entrega de recursos y ayuda alimentaria para los municipios que fueron declarados zona de desastre tras la tormenta tropical.

Sin embargo, a unos días de culminar su mandato en diciembre del mismo año, la población de Pluma Hidalgo protestó en contra del expresidente municipal debido a que, casi medio año después de la llegada de “Agatha”, no se habían llevado a cabo las obras de rehabilitación que se suponía debían estar financiadas con el apoyo federal.
Finalmente, el gobernador de Oaxaca mencionó a Aida Hernández Moreno, quien gobernaba en el municipio de Xanica. “No hubo buena contabilidad y la presidenta jamás regresó”, aseveró el mandatario estatal.
Hasta el momento se desconocen las acciones que implementará el gobierno del estado para proceder en contra de los exfuncionarios, así como para reparar el daño causado por el desvío de recursos.
La entrega directa de los recursos a los municipios fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención, precisamente, de evitar actos de corrupción. Según el daño en cada uno de los territorios, las demarcaciones afectadas por “Agatha” recibieron entre 20 y 50 millones de pesos.
Para el 14 de enero de 2023, autoridades de la Secretaría de Hacienda informaron que el plan de apoyo para Oaxaca consta de un total de 6 mil 276 millones de pesos. Hasta esa fecha se había logrado apoyar a cerca de 45 mil familias y se habían reparado 500 kilómetros de tramos carreteros.
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