Textos de la SEP no deben de estar en manos de “un ex funcionario chavista”, alertó el PAN

Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló como “inaceptable” que Sady Arturo Loaiza Escalona, subdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), participara en la creación de libros de texto gratuitos, esto por el pasado del funcionario, ya que está relacionado con la administración federal en Venezuela de 2014 a 2018.

A través de un comunicado, la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Palacio Legislativo de San Lázaro condenó este miércoles 1 de febrero que un ex funcionario de Nicolás Maduro estuviera tan inmiscuido en los libros que se distribuyen entre la población que estudia el nivel básico en México.

Loaiza Escalona, quien se encarga del análisis y rediseño pedagógico de materiales de contenidos de telesecundaria, así como también en la elaboración de libros de texto de educación básica, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018, así como también director general de Proyectos Especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, algo que, de acuerdo con la panista, no debe de ser tolerado.

En ese sentido, la abanderada del albiazul destacó que los gobiernos autoritarios recurren a la manipulación de las poblaciones más jóvenes para legitimar alguna corriente ideológica, esto en su afán de perpetuidad y generación de sentido para las personas que aún no tienen un criterio formado, por ello, recordó dos ejemplos recientes ocurridos en América Latina. Al respecto, se destaca que ambas naciones mencionadas y sus dirigentes son cercanos al gobierno mexicano.

Desde ese enfoque, la también presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) sentenció que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde que inició su administración, “ha demostrado sin pena alguna que sus amigos son los dictadores de la región, Nicolás Maduro es uno de ellos; sin embargo, que haya participación de un ex funcionario chavista en el diseño de contenidos de la Secretaría de Educación Pública es inaceptable”.

Finalmente, en el comunicado abordó la crisis educativa en México, misma que se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y reveló que los jóvenes que cursan los niveles básico y medio superior fueron particularmente afectados, por lo que señaló la deuda histórica con los estudiantes.

Es por ello que sentenció que el gobierno debería de estar atendiendo la educación pública: “No podemos permitir que López Obrador y su gobierno pretendan propagar su ideología a través de la educación a nuestros niños y jóvenes”.

Cabe destacar que la diputada mexicana, en su papel de líder de la ODCA, presta atención a los acontecimientos internacionales que entran en su corriente ideológica, por lo que, a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó un video en el que se promueve la campaña “apadrina a un preso político” del Instituto Casla. En el material audiovisual, defendió los derechos de Tamara Dávila, presa política en Nicaragua, quien debe de tener acceso a libros, “en especial a la biblia o a los escritos de la religión que cada uno profese”.

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