Cristina Kirchner: a Casación le queda definir qué pasará con los bienes de la familia de la ex presidenta

Tras avanzar el viernes último con el rechazo a los pedidos de la detenida Cristina Kirchner para dejar de usar tobillera electrónica y aliviar restricciones a su encierro domiciliario, a la Cámara Federal de Casación Penal le resta tomar una decisión sobre la ejecución de bienes de la ex presidenta y su entorno familiar, como parte de la condena en la causa Vialidad. Esta medida apunta a cubrir más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como reparación al Estado nacional.

Está semana la fiscalía avanzó con un nuevo pedido de decomiso de más propiedades y millones de dólares, mientras está pendiente de resolución un tema clave: qué pasará con 19 propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Los bienes de los hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incluyó en una primera etapa a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola un total de 20 propiedades de la familia Kirchner. Dentro de ese conjunto, solo una figura a nombre de la ex mandataria, mientras que las restantes pertenecen a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes los recibieron como herencia. Este es el punto a estudio del máximo tribunal penal federal y eje del conflicto que Casación está ya en condiciones de definir: si pueden afectarse al decomiso bienes heredados por parte de personas ajenas al proceso penal. El TOF2 ya dio el sí y esa decisión está apelada.

El tema es cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad y la decisión será de los mismos jueces que ya confirmaron por mayoría el uso de tobillera electrónica y dieron el aval a todo lo resuelto sobre visitas y permisos para CFK en su detención domiciliaria. Esa decisión fue firmada el viernes por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con disidencia de Mariano Borinksy.

“Avasallamiento”, dijo la defensa

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF 2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.

En concreto, la ex jefa de Estado y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya pidió rechazar los planteos y confirmar la decisión del Tribunal Oral sobre esos bienes porque deben tenerse en cuenta “patrones de incremento patrimonial injustificado” entre “la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio”. En ese sentido, incluir esas propiedades en la ejecución está a tono con “estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos” y también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Qué está en juego

En Comodoro Py hay coincidencia: el proceso de ejecución del decomiso en la causa Vialidad es inédito por su magnitud y sus protagonistas. Y sólo está comenzando. Muestra de ello es que a esta primera tanda de bienes se sumó también esta semana otro pedido fiscal sobre más propiedades y esta vez, también, se incluyó dinero a nombre de Florencia Kirchner: poco más de cinco millones de dólares embargados y hallados en una caja de seguridad y en cuentas bancarias.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de 111 bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales Luciani y Mola y se incluyó lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.

El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.

Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación. La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

Ahora la fiscalía reclamó sumar otros 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 y $ 3.280,24 depositados en cuentas también bajo titularidad de esta última. Con este nuevo pedido a estudio del Tribunal Oral Federal 2, sumarían 252 propiedades cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas y sociedades vinculadas como Los Sauces y Hotesur, que si prosperan los reclamos fiscales, pasarían al Estado Nacional.