Causa Cuadernos: el Tribunal adelantó que habrá tres días de juicio por semana

Tras definir la agenda para los próximos días, el TOF N° 7 convocó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 13.30, cuando se llevará adelante la próxima audiencia.

El Tribunal Oral Federal N° 7 propuso sumar una tercera audiencia a la semana, para el miércoles 11 de febrero. Algunas defensas se opusieron y el juez Mendez Signori decidió esperar.

En principio, el nuevo cronograma con tres días de debate empezaría a regir desde el viernes 27 de este mes, según adelantó el TOF.

“De ser necesario, se va a reconfigurar el cronograma”, advirtió presidente del Tribunal.

Su defensa renovó el reclamo de prescripción, que ya se le había negado.

El acusado fue integrante del directorio de Vicentin y ex presidente de la Cámara de Comercio de Rosario. Su defensa sostuvo que ya no tenía el cargo en la cerealera cuando habrían ocurrido los hechos, como afirma la acusación.

El abogado de José María Olazagasti, ex secretario del ministro Julio De Vido, sostuvo que su defendido no trabajaba al momento de los hechos imputados en Planificación Federal, como sostuvo la acusación, sino en la agencia de inteligencia.

Olazagasti fue mencionado participando de supuestas coimas los días 16 y 23 de junio de 2015, según expuso el letrado Ezequiel Klainer.

La defensa hizo un requerimiento a la SIDE para relevarlo del secreto “para poder defenderse”, algo que el organismo rechazó este miércoles, de acuerdo a lo dicho por el abogado ante el TOF N° 7, al requerirles a los jueces que reviertan la situación.

“Olazagasti se encuentra en una encrucijada, porque o se defiende y explica qué hacía en esas fechas, y al hacerlo sin ser relevado del secreto se expone a ser denunciado por violación a la Ley de Inteligencia, o no dice nada y por tanto mutila de manera insalvable su derecho a la defensa”.

La defensa del empresario Mundin adhirió al planteo de otros acusados y pidió el apartamiento de la Unidad de Información Financiera como querellante.

Es un intento que varias defensas ya habían hecho en instancias anteriores, sin éxito.

“Hemos escuchado la acusación de la Fiscalía y también la de la UIF y son idénticas, es una acusación duplicada”, cuestionó el abogado Pablo Lafuente.

El letrado además requirió la nulidad de la elevación a juicio de la UIF y del MPF en el expediente donde está involucrado Mundin.

Presentan sus planteos preliminares los defensores de Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.

Rodolfo Iglesias, abogado de Nelson Lazarte (ex secretario de Roberto Baratta), cerró la ronda matutina con un planteo apoyado en la normativa del actual gobierno. Solicitó expulsar a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante, amparándose en el Decreto 274/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que limitó la capacidad del organismo para acusar penalmente. “Debo soportar dos acciones cuando tenemos una sola víctima que es el Estado; se viola el principio de igualdad de armas”, argumentó.

Además de adherir a las nulidades planteadas por la defensa de Cristina Kirchner, Iglesias atacó el corazón de la acusación: los arrepentidos. Pidió que no se incorporen por lectura sus declaraciones, alegando que tienen un “origen inválido” producto de la “coacción estatal”. “No importa si dijeron la verdad o mintieron, lo que importa es la coacción”, disparó, y describió la causa como una “prueba circular” donde “se utilizan arrepentidos para probar arrepentidos”.

Tras su exposición, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.

En un planteo técnico sobre los alcances de la Ley del Arrepentido, el abogado Mónaco sostuvo que la acusación contra Lascurain es inválida. Citando el artículo 3 de la norma, recordó que la información aportada por un colaborador debe referirse a sujetos cuya responsabilidad penal sea “igual o mayor” a la del arrepentido.

“Se utilizó la información provista por Centeno para imputar a Lascurain por un hecho de menor gravedad”, argumentó el defensor. Según su postura, al tratarse de una imputación por cohecho que no cumple con esa escala de responsabilidades exigida por la ley, “la causa está mal elevada” y su cliente debería ser apartado: “No tiene nada que hacer Lascurain acá”.

Marcelo Mónaco, abogado del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, centró su planteo preliminar en el paso del tiempo y el reclamo de garantías por la edad avanzada. El letrado remarcó que los hechos imputados datan de octubre de 2008 —hace más de 17 años— y que la instrucción suplementaria insumió seis años de trámite “sin que esta defensa incurriera en actitudes dilatorias”.

Con un dato clave sobre la mesa, Mónaco subrayó que Lascurain ya cumplió 79 años, lo que lo encuadra como “persona adulta mayor”. Por ello, invocó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para exigir un “acceso prioritario a la protección legal” y cuestionó la “razonabilidad” de los tiempos del juicio.

La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tomó la palabra en su rol de defensora del empresario Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) para desplegar una estrategia de ataque total contra la prueba madre del expediente. Anticipó su adhesión a los planteos de nulidad desarrollados por Carlos Beraldi (abogado de Cristina Kirchner) y a los cuestionamientos de inconstitucionalidad sobre la Ley del Arrepentido formulados por las defensas de De Vido, Schiavi y Baratta.

También solicitó formalmente la exclusión probatoria de los cuadernos de Oscar Centeno, argumentando que ha quedado demostrada “su burda adulteración y falsificación en perjuicio de nuestro defendido”. Además, pidió anular los legajos de los arrepentidos por “vicios constitucionales y procesales”, buscando derribar los pilares de la acusación, y dejó planteada la reserva de acudir a la Corte Suprema.