
Comunidades del Corredor Seco de Honduras llevaron su crisis ante el Congreso Nacional: la pérdida de cosechas, la escasez de agua y el deterioro económico ponen en riesgo los medios de vida de cientos de familias que dependen de sus territorios para producir alimentos y sostener sus hogares.
Los representantes comunitarios acudieron acompañados por el equipo técnico del Centro de Desarrollo Humano (CDH), organización hondureña de acompañamiento a comunidades, para plantear las dificultades que enfrentan y pedir respuestas institucionales ante una problemática que, según expusieron, se agravó durante los últimos años.
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Para las comunidades, el impacto de la crisis climática no puede medirse solo en milímetros de lluvia o en registros de temperatura. Se refleja en parcelas que dejan de producir, cosechas perdidas, fuentes de agua cada vez más escasas y familias que buscan alternativas para cubrir necesidades básicas.
La pérdida de una cosecha significa también perder ingresos, alimentos y capacidad para enfrentar la siguiente temporada.
Por eso, los representantes comunitarios plantearon ante el Congreso que la situación del Corredor Seco debe analizarse como un problema que involucra simultáneamente ambiente, alimentación, agua, economía familiar y permanencia de las poblaciones en sus territorios.
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“La crisis que viven las comunidades del Corredor Seco ya no puede ser vista únicamente como un problema ambiental”, señalaron los técnicos que acompañaron la petición.
Exponen situación de sequía
Durante la reunión se abordó otro factor que, según las comunidades, profundiza las dificultades: la presión sobre los territorios vinculada a proyectos extractivos. Los representantes sostienen que determinadas actividades contribuyen al deterioro de los suelos y las fuentes de agua, aumentando la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

Las comunidades consideran necesario analizar qué actividades se desarrollan en sus territorios, cómo afectan los bienes naturales y qué medidas existen para proteger las fuentes de agua y las tierras de las que depende su producción.
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Uno de los principales planteamientos trasladados al diputado Sabas fue que la emergencia no puede abordarse solo con medidas temporales. Desde la perspectiva de las comunidades, entregar asistencia durante una temporada particularmente seca no resuelve el problema de fondo si las familias continúan perdiendo capacidad productiva, enfrentando dificultades para acceder al agua o viendo deteriorarse los recursos naturales de sus territorios.
Lo que está en juego, sostienen, es la posibilidad de que las familias puedan permanecer en sus comunidades, producir sus alimentos, acceder al agua y mantener sus medios de vida.
Ese escenario adquiere especial relevancia en zonas rurales donde la agricultura representa una de las principales fuentes de sustento.
La pérdida de cosechas y la falta de agua tienen una consecuencia económica que puede extenderse más allá de una temporada agrícola. Cuando una familia no consigue producir suficientes alimentos o generar ingresos, crece la necesidad de buscar otras fuentes de sustento.
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Para las comunidades, esto plantea un riesgo adicional: que el deterioro de las condiciones ambientales y económicas termine obligando a más familias a abandonar sus territorios. Por ello, las organizaciones que participaron en el encuentro plantearon que las respuestas deben considerar no solo la emergencia inmediata, sino también las condiciones necesarias para que las poblaciones puedan continuar viviendo y produciendo en sus comunidades.
El compromiso de protección
Como resultado de la reunión, el diputado Sabas asumió el compromiso de gestionar un segundo espacio de diálogo con el pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Para las comunidades, ese compromiso representa una primera oportunidad para llevar sus demandas ante un espacio institucional más amplio.
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La reunión dejó planteada una problemática que combina varios desafíos para las comunidades rurales hondureñas: cambio climático, seguridad alimentaria, acceso al agua, pérdida de productividad y presión sobre los territorios.

Las parcelas improductivas, las fuentes de agua que escasean y las dificultades económicas de las familias son, para quienes viven en el Corredor Seco, la expresión cotidiana de una crisis que ya no puede entenderse solo como un fenómeno climático.
El desafío para las instituciones será determinar qué medidas pueden permitir que estas comunidades no solo sobrevivan a la próxima temporada de sequía, sino que mantengan sus fuentes de agua, recuperen su capacidad productiva y puedan continuar viviendo en los territorios donde han construido sus vidas.
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La situación fue expuesta ante el diputado Yuri Sabas, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, durante un encuentro con defensoras y defensores de derechos humanos, tierra, territorio y bienes comunes de las regiones centro-occidente y sur del país.
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