El Salvador y los compromisos pendientes en el acuerdo con el FMI

El economista César Villalona expuso los compromisos que, según su análisis, el Gobierno deberá atender dentro del programa financiero, entre ellos la reforma de pensiones, la meta fiscal, las reservas internacionales y las medidas de transparencia

El Gobierno de El Salvador postergó hasta 2027 la presentación de la reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional. (Foto: cortesía)
El Gobierno de El Salvador postergó hasta 2027 la presentación de la reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional. (Foto: cortesía)
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El Gobierno de El Salvador tiene hasta 2027 para presentar la reforma previsional que debía entregar en febrero de 2026, según explicó el economista César Villalona en una entrevista con YSUCA.

El analista afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó postergar ese compromiso dentro del acuerdo de financiamiento vigente.

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Villalona indicó que el acuerdo tiene una duración de 40 meses. Según expuso, comenzó en enero de 2025, tras firmarse a finales de 2024, y concluiría en abril de 2028. El programa incluye compromisos sobre finanzas públicas, transparencia, anticorrupción, reservas monetarias, pensiones y bitcoin.

La prórroga para presentar la reforma ocurre mientras continúa el uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales, según el análisis planteado por Villalona.

El economista citó un estudio actuarial publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), que, de acuerdo con su exposición, alertó que 73% de los recursos administrados por las AFP estaba colocado en deuda estatal.

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Villalona señaló que el estudio advertía un posible agotamiento de las cuentas individuales en 2026 y que la cuenta de garantía solidaria podría enfrentar problemas entre 2027 y 2028.

El economista afirmó que el Estado toma recursos de las AFP para cubrir complementos para pensiones mínimas y pagos a jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

No obstante, sostuvo que los retiros superan los recursos requeridos para esas obligaciones. Según su planteamiento, en algunos meses los fondos previsionales habrían financiado otras necesidades estatales. Como ejemplo, afirmó que en enero el Estado habría tomado más de USD 100 millones de las AFP, pese a que los retiros mensuales rondarían USD 47 millones.

La reestructuración presupuestaria de 2025 redujo los fondos de 13 ministerios y derivó en el despido de más de siete mil trabajadores públicos. (Infobae Centroamérica)
La reestructuración presupuestaria de 2025 redujo los fondos de 13 ministerios y derivó en el despido de más de siete mil trabajadores públicos. (Infobae Centroamérica)

El ajuste fiscal que plantea el FMI

Además de la reforma de pensiones, Villalona afirmó que el FMI exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario del Estado. Explicó que este indicador compara los ingresos con los gastos, sin incluir los intereses de la deuda. Según el economista, el Fondo busca que el balance primario alcance 3.7% del Producto interno Bruto (PIB), un nivel que, aseguró, El Salvador no ha alcanzado.

Villalona indicó que el balance primario fue de 0.04% del PIB en 2024, llegó a 1.9% en 2025 y rondaría 1.4% en 2026. A su juicio, el resultado previsto para este año sigue lejos de la meta planteada por el Fondo, por lo que un ajuste de esa magnitud implicaría nuevos recortes de gasto. Mencionó subsidios, empleo público y servicios sociales entre los rubros que podrían sufrir reducciones.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona durante la entrevista en YSUCA. También sostuvo que el FMI ha planteado elevar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA), una medida que, según su estimación, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones.

El economista afirmó que un aumento del IVA afectaría el consumo y elevaría los precios, con un efecto mayor en los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar grandes patrimonios, propiedades de lujo y sectores de altos ingresos, aunque dudó que el Gobierno adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

El Fondo Monetario Internacional exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario estatal al 3.7 por ciento del producto interno bruto. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
El Fondo Monetario Internacional exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario estatal al 3.7 por ciento del producto interno bruto. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Villalona sostuvo que las decisiones fiscales más severas podrían aplicarse después de las elecciones. También afirmó que el FMI ha tolerado la postergación de algunas medidas por su posible costo político.

Los recortes presupuestarios desde 2025

Villalona sostuvo que el Gobierno ha cumplido la parte del acuerdo vinculada con el recorte del gasto público. Según explicó, el FMI pidió reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años.

El economista afirmó que en 2025 se redujeron los presupuestos de 13 de los 16 ministerios y que solo recibieron aumentos las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda.

En educación, Villalona indicó que el presupuesto ejecutado equivalió a 3.2% del PIB durante 2025 y contrastó esa cifra con la meta de 4% que el presidente Nayib Bukele había mencionado en intervenciones públicas. También sostuvo que 72 escuelas cerraron ese año y que la matrícula del sistema público disminuyó en unas 8 mil personas estudiantes.

En el área de salud, Villalona señaló el cierre de 52 unidades y afirmó que hubo recortes presupuestarios en varias instituciones estatales. También dijo que más de 7 mil empleados públicos fueron despedidos entre 2025 y 2026, y mencionó al Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), el Hospital Rosales, el ISSS y otras dependencias.

El economista indicó que el presupuesto ejecutado en 2024 fue de USD 12,736 millones. Para julio de 2026, situó el presupuesto en USD 10,910 millones, una reducción de USD 1,826 millones, equivalente a 17%. Villalona consideró que el Gobierno podría presentar esa disminución como cumplimiento del acuerdo fiscal con el FMI.

La deuda pública y el déficit fiscal

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
La deuda pública salvadoreña alcanzó los 35 mil millones de dólares en 2026 y representa el 93 por ciento del producto interno bruto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

No obstante, Villalona sostuvo que los recortes no han reducido la deuda pública. Afirmó que pasó de USD 19,908 millones al cierre de 2019 a más de USD 32 mil millones en 2024. Según el economista, la deuda pública llegó a USD 34,960 millones hasta julio de 2026 y, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría alcanzado USD 35 mil millones.

Villalona indicó que la deuda pública ya superaba en USD 2,823 millones el nivel de diciembre de 2024. También sostuvo que pasó de representar 76% del PIB en 2019 a 92% en 2024 y cerca de 93% en 2026. Con base en esas cifras, cuestionó la afirmación del FMI de que El Salvador corrige su desequilibrio fiscal.

Según sus datos, el déficit fiscal fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026. A juicio de Villalona, el déficit previsto para este año sería similar al de 2024, mientras la deuda pública sería mayor. “La situación financiera del Gobierno está peor que en el 2024”, afirmó.

Los desembolsos del FMI y las reservas internacionales

Villalona explicó que el acuerdo contempla financiamiento por alrededor de USD 1,400 millones. Según dijo, El Salvador había recibido tres desembolsos por unos USD 370 millones.

El economista diferenció esos recursos de otros USD 500 millones previstos para fortalecer las reservas del Banco Central de Reserva y afirmó que esos fondos no son ingresos directos para el Ministerio de Hacienda.

Según explicó, los recursos destinados al BCR servirían como respaldo ante riesgos en el sector externo y una eventual falta de divisas para financiar importaciones. Villalona dijo que El Salvador depende de compras externas: 65% de las importaciones corresponde a materias primas y maquinaria, mientras el 35% restante son bienes de consumo.

El entrevistado señaló que las remesas perdieron dinamismo durante 2026. También afirmó que esa situación refuerza la necesidad de reservas para cubrir las necesidades de importación, dado que una reducción en la disponibilidad de divisas podría afectar tanto la compra de insumos para la producción como el ingreso de bienes de consumo.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Los fondos del programa con el organismo multilateral fortalecen las reservas internacionales para garantizar el pago de importaciones de bienes e insumos.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Transparencia y compromisos pendientes con el FMI

Villalona afirmó que el acuerdo incluye un capítulo sobre transparencia y anticorrupción y que el Gobierno asumió siete compromisos en esa materia. Entre las obligaciones pendientes mencionó la divulgación del uso de recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) durante la pandemia de covid-19.

El economista cifró esos recursos en más de USD 800 millones y sostuvo que todavía no existe información pública suficiente sobre su uso.

También afirmó que el Gobierno debía divulgar los nombres de personas y empresas proveedoras del Estado, así como transparentar los refuerzos presupuestarios realizados en años anteriores.

Reconoció la aprobación de una ley anticorrupción y la divulgación patrimonial de algunos funcionarios, pero cuestionó el alcance de esas acciones y afirmó que hay datos imprecisos en la información publicada.

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