El dirigente gremial Juan Fiallos sostuvo que la tarifa actual de USD 1,24 por kilómetro, vigente desde 2015, no compensa los elevados costos operativos, agravados por la reciente alza en los precios del diésel, gasolina y queroseno, situación que coloca a la economía hondureña ante un posible colapso logístico y un efecto dominó en los precios de bienes y servicios.
El último ajuste anunciado por las autoridades confirma una presión inédita para el sector: el diésel, combustible clave en el transporte de carga, sube a partir del lunes 10 lempiras por galón, alcanzando un precio de 128,42 lempiras, mientras que el queroseno experimentó el mayor incremento, con 13,31 lempiras adicionales, llegando a 138,98 lempiras por galón. Estas cifras reflejan el impacto inmediato sobre las empresas de transporte y perfilan una cadena de aumentos en todos los sectores productivos.
Fiallos, enfatizó que los transportistas operan “en números rojos” y que, de no concretarse un aumento a más de dos dólares por kilómetro recorrido, la paralización nacional será inminente. “Si no hay un ajuste a la tarifa de flete, la situación se vuelve insostenible para nosotros. Operamos en números rojos y no podemos continuar de esta manera”, recalco.
El anuncio de aumentos sustanciales en todos los carburantes afecta de manera transversal al país: la gasolina súper subió 6,59 lempiras por galón y se vende en 134,07 lempiras, mientras la regular aumentó 6,02 lempiras para situarse en 118,09 lempiras. El impacto inmediato recae sobre los márgenes de rentabilidad del transporte y, en consecuencia, sobre los precios al consumidor final en alimentos, insumos y productos industriales
En respuesta a la crisis, Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, aseguró que presentará en el Congreso Nacional un proyecto de decreto para reducir temporalmente el impuesto a los combustibles.
“Esta semana estaré presentando el proyecto de decreto para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño”, declaró Mejía.
Esta iniciativa, vinculada con el conflicto bélico en el Medio Oriente y la volatilidad de los mercados internacionales, busca amortiguar el aumento de precios y beneficiar a las familias y sectores productivos.
El proyecto legislativo de Mejía se propone aliviar la carga tributaria mientras se estabilizan los precios internacionales del petróleo y se preserva la continuidad de servicios esenciales, como el transporte de mercancías. La viabilidad fiscal de la medida y el apoyo de las bancadas parlamentarias serán determinantes para su aprobación, en medio de la presión social y gremial.
Por su parte, la vicepresidenta de Honduras María Antonieta Mejía, informó en la red social X que están en marcha diversas estrategias para proteger el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad del transporte y de los productos de primera necesidad.
Entre estas acciones destaca la absorción de 50% del impacto del alza de los combustibles, la vigilancia para evitar abusos y la promoción de modalidades virtuales en educación y en el teletrabajo estatal para reducir la movilidad y el gasto energético.
“Mientras algunos simplifican la situación, nosotros actuamos. No podemos controlar los precios internacionales, pero sí protegemos a nuestra gente. Nuestra prioridad es clara: que este impacto no recaiga únicamente sobre las familias hondureñas”, posteo Mejia.
La amenaza del paro nacional por parte de los transportistas de carga acentúa el riesgo de desabastecimiento y la interrupción en la distribución de alimentos, insumos y productos industriales, factores críticos para la economía hondureña.
Juan Fiallos insistió en que un acuerdo debe concretarse con el Gobierno antes del miércoles para evitar la paralización: el diálogo aparece como única vía para evitar un colapso logístico de consecuencias impredecibles.
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