El gobierno nacionalista prevé que el presupuesto General de la República 2026 marque un hito en la política económica nacional al llegar precedido por recortes significativos, una estricta vigilancia sobre el gasto estatal y la meta explícita de combatir la corrupción. El Ejecutivo, busca no solo la aprobación legislativa, sino demostrar, en la práctica, que las medidas no quedarán en el papel y que pueden traducirse en una administración más transparente y eficiente.
Desde la perspectiva del Gobierno, la aprobación y ejecución de este presupuesto permitirán comprobar si los cambios realizarán un impacto real al recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, en un contexto donde tradicionalmente la asignación de fondos públicos ha generado controversias.
La designada presidencial María Antonieta Mejía anticipó que la propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días, una vez finalizados los ajustes técnicos finales. El proyecto reducirá el gasto público a 415 mil millones de lempiras, una cifra que contrasta con los 469 mil 249 millones de lempiras aprobados en la administración previa de Xiomara Castro, y que según datos oficiales, representaba un incremento del 8.2 % respecto al presupuesto de 2025.
Esta disminución no responde únicamente a un enfoque de austeridad, sino a la revisión minuciosa de partidas estatales, especialmente tras detectar irregularidades en las planillas. Mejía indicó que la investigación dejó al descubierto aproximadamente ocho mil personas incorporadas como empleados públicos que cobraban salario sin cumplir funciones laborales.
La repercusión de este hallazgo afecta no solo las cuentas públicas, sino la credibilidad general del aparato estatal, reconoció la funcionaria. En múltiples dependencias, el exceso de personal coincidía con niveles elevados de ausentismo, situación que forzó al Gobierno a reestructurar los procesos internos y a tomar medidas para restaurar la disciplina fiscal.
Un eje central de la propuesta radica en el fortalecimiento de la transparencia y la lucha activa contra la corrupción. Para ello, Mejía detalló que instituciones clave como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibirán partidas reforzadas. Ambos entes cumplen funciones esenciales de auditoría y sanción frente al mal manejo de fondos. Buena parte de los problemas económicos de alcaldías y entidades estatales, explicó, tienen su origen en la ausencia de controles y supervisión oportuna: “Las auditorías suelen realizarse cuando el daño ya está hecho”, señaló la vicepresidenta, enfatizando cómo la demora limita la posibilidad de corregir y proteger los estados financieros institucionales.
El Ejecutivo impulsa una reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas para actualizar y modernizar los sistemas de fiscalización. El objetivo es instaurar auditorías preventivas, antes, durante y después de la ejecución de proyectos, permitiendo así detectar a tiempo las irregularidades y evitar daños acumulativos.
La funcionaria remarcó que este cambio de paradigma pretende instalar una lógica donde el control previo facilite el trabajo institucional y promueva una distribución responsable de los recursos, en lugar de limitarse a sancionar errores después de consumados.
El nuevo presupuesto también contempla líneas específicas de financiamiento para organizaciones de la sociedad civil con roles relevantes en la vigilancia y denuncia de irregularidades. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) figuran entre las entidades que recibirán asignaciones, reflejando la apuesta por una mayor rendición de cuentas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) verá incrementado su presupuesto, lo que permitirá fortalecer el derecho ciudadano a conocer el destino de los fondos estatales. Según Mejía, el acceso a la información resulta fundamental para potenciar la fiscalización social y el empoderamiento de la ciudadanía.
Otro aspecto destacado es la presentación de una Ley Antisoborno, con la que el Gobierno espera cubrir vacíos normativos y ofrecer mecanismos claros para prevenir, detectar y sancionar el soborno en sus distintas expresiones. El impulso a esta ley apunta tanto al sector público como al privado y responde a la exigencia de alinearse con estándares internacionales de integridad y de promover condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.
El diseño, presentación y tramitación de esta propuesta dará paso a una nueva etapa en el Congreso Nacional y los diputados deberán lograr consensos para aprobar un presupuesto con ajustes sustanciales y orientado en la disciplina fiscal.
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