El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, amplió la denuncia para que se investiguen los supuestos vínculos de la fiscal Consuelo Porras con casos de adopciones ilegales, en respuesta al reciente pronunciamiento de expertos del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre posibles graves vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. El proceso se orienta por la necesidad estatal de asegurar claridad jurídica y activar de inmediato los mecanismos previstos en la ley para la protección e investigación integral en estos hechos.
En su oficio, la Procuraduría General de la Nación no solo presentó la denuncia ante el Ministerio Público, sino que también solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de “contribuir activamente al proceso, aportando elementos que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la investigación dentro del marco legal correspondiente", explicó Saavedra. Esta decisión institucional busca que la investigación avance con independencia y pleno respeto al debido proceso, con la Procuraduría ocupando un rol protagónico en el desarrollo del expediente.
El comunicado emitido por los expertos independientes de Naciones Unidas instó a que “las alegaciones sean investigadas y esclarecidas a través de los mecanismos estatales competentes, precisamente para garantizar certeza jurídica, protección efectiva de derechos y respeto pleno al debido proceso”. Saavedra subrayó que “no se trata de una opción institucional, sino de una obligación legal vinculada al interés superior del niño”, citando los artículos55 y 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que establecen el deber de denunciar ante la autoridad competente cualquier hecho que pueda implicar vulneraciones a los derechos de este colectivo.
La experiencia previa de la Procuraduría en casos delicados, como el conocido caso Elftajor, demuestra la aplicación rigurosa de principios de objetividad, profesionalismo y coordinación interinstitucional en la defensa delos intereses de los más vulnerables. Saavedra enfatizó que investigar estos hechos equivale a proteger jurídicamente a posibles víctimas y dotar de certeza a todas las personas bajo escrutinio, insistiendo en que la integridad del Estado de derecho exige procedimientos transparentes en situaciones sensibles.
La estrategia estatal actual refuerza el mensaje de que el Estado debe responder con prontitud y seriedad a los llamados internacionales cuando hay indicios de violaciones de derechos humanos relevantes, especialmente cuando afectan a la infancia. Saavedra concluyó: “Porque proteger a la niñez es actuar, no callar”.
Consuelo Porras rechaza acusaciones sobre adopciones y recurrirá a instancias de Naciones Unidas
La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras anunció que emprenderá acciones legales ante organismos de Naciones Unidas en respuesta a recientes acusaciones sobre supuestas irregularidades en adopciones de niños indígenas. La funcionaria desestimó estos señalamientos, argumentando que carecen de fundamento y afectan derechos humanos.
Según Porras, las declaraciones en su contra son “falsas y políticamente instrumentalizadas”, y remarcó que las afirmaciones reproducidas por la prensa nacional e internacional distorsionan la realidad. El mensaje, difundido a través de la red social X y dirigido tanto al secretario general de la ONU como a medios de comunicación, insistió en que los pronunciamientos internacionales deben respetar las garantías procesales.
La jefa del Ministerio Público citó el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordando que el artículo 3 de la Resolución 5/2 exige a los titulares de mandato “observar los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad”. Además, destacó que el artículo 6 obliga a basar toda información en datos “fidedignos y confiables”, garantizando la seriedad de esos mandatos y evitando la difusión de información sin verificar.
Consuelo Porras afirmó que la defensa de la honra y la reputación, por vías legales, es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho. Añadió que toda su gestión se ha regido y continuará guiándose por la Constitución y las leyes del país.
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