Guatemala ha iniciado este martes un periodo de estado de prevención en todo su territorio, con restricciones extendidas durante 15 días para contrarrestar amenazas contra la seguridad pública atribuidas a maras y pandillas, según el decreto oficial.
La nueva normativa refuerza la capacidad de las fuerzas de seguridad para intervenir ante posibles ataques armados, disturbios y cualquier acción que ponga en peligro la vida, la libertad o el funcionamiento de las instituciones. Entre las disposiciones más destacadas, el marco legal habilita limitaciones a reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos públicos, así como la disolución forzada de concentraciones donde se presenten armas o actos violentos. Además, se permite restringir la circulación y estacionamiento de vehículos en ciertas zonas y horarios, junto con su registro y la prohibición de salida de algunos municipios.
El decreto establece prohibiciones de discriminación por etnia, sexo, idioma, religión u origen social durante la implementación de estas medidas. Se puntualiza que ninguna acción enmarcada en el estado de prevención restringirá la presentación o interposición de garantías constitucionales.
Las disposiciones de gobierno, se dan en seguimiento al estado de sitio impuesto hace un mes en Guatemala tras el letal ataque de pandilleros que dejó 11 policías muertos concluyó con la cifra de homicidios más baja en veinticinco años, según informó el Gobierno liderado por Bernardo Arévalo de León. Esta reducción significativa, enmarcada en una estrategia de seguridad reforzada, ha sido calificada de resultado “contundente” por el propio presidente, quien anticipa la continuación de medidas estrictas mediante la declaración de un estado de prevención.
El cierre del estado de sitio trajo consigo la implementación, a partir de este martes, de un estado de prevención que mantendrá los operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Además, persistirán los controles severos en las cárceles del país. En una alocución nacional, Arévalo de León remarcó que los resultados de estas operaciones no despertaron polémica en la sociedad guatemalteca.
Descenso histórico de homicidios
La aplicación del estado de sitio, declarado el 18 de enero después de los ataques atribuidos al grupo criminal Barrio 18, marcó un quiebre estadístico: entre el 1 de enero y el 12 de febrero se registraron solo 253 homicidios, la cifra más baja desde 2001. Para evidenciar el impacto, el mismo parámetro mostraba 785 homicidios en 2009 y 295 homicidios en los primeros 43 días de 2024.
El Gobierno atribuyó este descenso sin precedentes a los operativos combinados entre policía y Ejército, que incluyeron la posibilidad, durante el estado de sitio, de capturar a cualquier persona sin requerir orden judicial, una medida excepcional contemplada casi en el extremo de la Ley del Orden Público guatemalteca.
El Plan Centinela y su alcance territorial
Según el presidente Arévalo, el Plan Centinela “Metropolitano” no solo implica la ampliación de operativos ya probados en meses previos, sino que incorpora un enfoque territorial que abarca todo el departamento de Guatemala. Las fuerzas combinadas entre Ejército y Policía desarrollan intervenciones barriales, priorizando resultados medibles en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario puntualizó que se mantendrá el control de las cárceles y la interrupción de comunicaciones de los grupos delictivos. “Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Mantendremos la estrategia de operativos quirúrgicos, con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado, protegiendo las actividades cotidianas y la normalidad que el país requiere”, afirmó Arévalo.
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