El Consejo Superior Universitario de la USAC designa magistrados para la Corte de Constitucionalidad en medio de denuncias

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) culminó la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad 2026-2031 bajo estricta seguridad, denuncias por amenazas y una marcada sospecha de falta de transparencia, mientras distintos sectores universitarios y sociales planean avanzar con impugnaciones y amparos para intentar frenar lo decidido el jueves.

La sesión, desarrollada en el Hotel Museo Santo Domingo en La Antigua Guatemala, cerró con el nombramiento de Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular y José Aguirre Pumay como suplente.

La votación se realizó en medio de numerosas denuncias de amenazas e intimidaciones contra los consejeros participantes, una logística restringida que impidió la fiscalización ciudadana y el señalamiento de posibles injerencias directas en el proceso.

Esta elección dejo fuera a la fiscal general Consuelo Porras y a la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus.

Incidentes, logística y denuncias durante la elección

Los señalamientos sobre coacción emergieron con fuerza tras la acción presentada por el diputado José Chic, quien acudió personalmente a interponer una exhibición personal a favor de los miembros del Consejo Superior Universitario, luego de recibir reportes de intimidaciones atribuidas a Walter Mazariegos.

Según relató Chic a la prensa, recibió información sobre “presiones y la exigencia de pruebas de lealtad”, entre ellas el pedido a los consejeros de fotografiar sus votos: “Hemos tenido acceso a información donde Walter Mazariegos estaba amenazando, incluso pidiendo pruebas de lealtad, pidiéndoles que le tomen foto al voto que van a emitir el día de hoy”, manifestó.

Describió además la disposición logística del evento, señalando que la organización en dos salones —uno exclusivo para la urna y personal de seguridad universitaria, otro para los consejeros— complicó la posibilidad de verificar la fidelidad de los votos emitidos y permitió el ingreso de lo que calificó como representantes “ilegítimos”, en detrimento de los legítimos.

El cierre total al acceso de prensa y observadores fue otro elemento que agudizó la molestia e impulsó protestas organizadas por docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, quienes reclamaron garantías democráticas y manifestaron preocupación por la falta de transparencia.

De forma paralela a la sesión, el abogado Marco Vinicio Mejía formalizó impugnaciones contra las aspirantes Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, y Leyla Lemus, presidenta de la Corte de Constitucionalidad.

Sostuvo ante el CSU que ambas postulantes no cumplen los requisitos de “honorabilidad y honradez” indispensables para ocupar el cargo de magistrada en el máximo tribunal del país.

Reacciones, protestas y clima poselectoral

Las protestas en las afueras del Hotel Museo Santo Domingo, junto a la presencia de agrupaciones estudiantiles y de derechos indígenas, reforzaron la fuerte presión social sobre las autoridades universitarias. Se exigió el respeto a la institucionalidad interna y la apertura del proceso de selección, denunciando irregularidades y exclusión de voces críticas.

De cara a los próximos días, distintos sectores han anticipado la preparación de nuevas acciones legales: “los representantes legítimos les están negando el ingreso y los ilegítimos sí están entrando, porque hay ilegítimos”, reiteró el diputado Chic al sostener la denuncia de un proceso sesgado y viciado.

Con el resultado ya formalizado, y en un ambiente de desconfianza y expectativas de litigiosidad, la comunidad universitaria y organizaciones externas se preparan para continuar la disputa legal y social por la representación de la USAC en la Corte de Constitucionalidad.

Mientras, en el Congreso de la República se informó que el proceso de recepción de expedientes, se mantendrá abierto hasta el 20 de febrero. De acuerdo con lo anunciado por el presidente de la Junta Directiva, Luis Contreras, la Junta Mixta revisará el lunes los expedientes de los candidatos y esta previsto que la elección de magistrados por parte del Congreso se lleve a cabo el 3 de marzo.

Por su parte, el Ejecutivo, a través del Presidente en Consejo de Ministros, será responsable de seleccionar al magistrado titular y a su suplente, por lo cual, la recepción de expedientes para quienes aspiran a convertirse en magistrados de la Corte de Constitucionalidad comenzó hoy en la Secretaría General de la Presidencia, con Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada como primer postulante en presentar la documentación.