El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra James Comey, exdirector del FBI, por presunta transmisión de información de defensa nacional. Se trata de la tercera causa penal que la administración de Donald Trump impulsa contra uno de sus más notorios adversarios políticos, en un caso que gira en torno a un artículo publicado por The New York Times en octubre de 2016 y que dos equipos de fiscales ya investigaron sin formular acusaciones.
Los fiscales acusan a Comey de dos cargos por violar la Ley de Espionaje por presuntamente haber transmitido datos de defensa nacional a una persona no autorizada para recibirlos. Sin embargo, el mecanismo elegido para formular la acusación resulta inédito: en lugar de obtener una acusación formal de un gran jurado, los fiscales optaron por un documento conocido como criminal information, una herramienta que no requiere la aprobación de un jurado ni de un juez.
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Según el propio Departamento de Justicia, el objetivo fue preservar el plazo de prescripción de diez años antes de su vencimiento, de acuerdo con NBC News.
Qué dice la acusación contra James Comey y cuál es su origen
El caso se remonta al 5 de octubre de 2016, cuando The New York Times publicó un artículo titulado “Yahoo Said to Have Aided U.S. Email Surveillance By Adapting Spam Filter” (“Yahoo habría colaborado con la vigilancia de correos electrónicos de Estados Unidos al adaptar un filtro de spam”). La nota, que citaba a dos funcionarios gubernamentales anónimos, reveló que Yahoo adaptó un filtro de correo no deseado para cumplir con una orden secreta de vigilancia del Tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
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Los fiscales sostienen que Comey buscó “corregir información errónea que había aparecido en la prensa a través de Reuters el día anterior” y que ordenó a su personal contactar al periodista de The New York Times sobre las inexactitudes de ese artículo. Esa comunicación, según la acusación, constituyó una transferencia ilegal de información clasificada, de acuerdo con los documentos judiciales citados por NPR.
Por qué los abogados de Comey consideran inválidos los cargos
Patrick Fitzgerald, abogado de Comey, calificó la acusación como un intento de “imputar delitos que no cometió”. En su argumentación ante el tribunal, el equipo de defensa sostiene que el plazo de prescripción de diez años exige una acusación formal (indictment) aprobada por un gran jurado y que un criminal information —un documento que solo firma el fiscal— no cumple ese requisito legal, de acuerdo con The Guardian.
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Fitzgerald recordó que dos equipos de fiscales distintos ya habían investigado la misma filtración durante el primer mandato de Trump. El primero, liderado por el fiscal federal John Durham, concluyó en diciembre de 2018 con una recomendación de no presentar cargos. El segundo, una pesquisa del Distrito de Columbia con nombre en clave “Tropical Vortex”, cerró en febrero de 2020 sin acusaciones.
Un mecanismo legal que expertos califican de “insólito”
Abogados y exfiscales consultados por distintos medios coincidieron en lo excepcional de la maniobra. Greg Rosen, exfiscal federal que supervisó casos del 6 de enero, declaró a CBS News que “en años de práctica en Washington D.C., nunca vi que se usara de esta forma, y mucho menos en el tercer intento del mismo Departamento contra el mismo hombre”.
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Michael Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia, afirmó al mismo medio que la táctica parece “una forma de eludir el plazo de prescripción y mantener vivo un caso que debió haber muerto hace nueve años”. El exfiscal federal Glenn Kirschner dijo a BBC News que los cargos parecen “un intento de venganza de Donald Trump a través de su Departamento de Justicia”.
Comey responde y denuncia abuso del sistema judicial
En un video publicado en Substack tras la revelación de los cargos, Comey respondió con tono desafiante: “Bueno, están de vuelta otra vez. Sería casi gracioso si no fuera un abuso tan espantoso del Departamento de Justicia”. También afirmó que sigue “inocente”, que no teme a “estas personas” y que mantiene su confianza en “un poder judicial federal independiente”.
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El documento de acusación permaneció sellado desde el 5 de octubre. El juez federal Trevor McFadden ordenó su desclasificación el lunes 26, al considerar que “los cargos penales contra un exdirector del FBI por su conducta mientras ocupaba el cargo son de interés público significativo”, según informó The New York Times.
Las otras dos causas penales contra el exdirector del FBI
La primera acusación formal, presentada en septiembre de 2025 en el Distrito Este de Virginia, acusó a Comey de haber mentido ante el Congreso. En noviembre de ese año, la jueza federal Cameron McGowan Currie desestimó el caso tras determinar que la fiscal que lo impulsó, Lindsey Halligan —exasesora de la Casa Blanca—, ocupaba el cargo de forma ilegal.
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La segunda, de abril de 2026 en Carolina del Norte, lo acusa de haber amenazado la vida de Trump al publicar en Instagram una foto de conchas marinas que formaban la cifra “86 47” —en la jerga estadounidense, “86” significa “deshacerse de algo” y Trump es el presidente número 47—. Ese caso sigue abierto y la defensa busca su desestimación por considerar que se trata de una persecución selectiva y con motivación política, según detalló NBC News.
Cargos contra Comey se suman a acciones del Departamento de Justicia antes de las elecciones legislativas
La presentación de los cargos ocurrió a poco más de una semana de las elecciones legislativas de medio término, lo que rompe con la norma no escrita del Departamento de Justicia de evitar acciones con carga política en los 60 días previos a unos comicios.
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En el último mes, el departamento también ordenó un allanamiento en la casa de la representante demócrata Ilhan Omar y presentó acusaciones contra dos exfuncionarios del FBI por el caso Hunter Biden, según informó The New York Times.
El mismo día en que se revelaron los cargos contra Comey, un juez federal en Nueva York dictaminó que el despido de su hija, Maurene Comey, de su puesto como fiscal federal fue ilegal y ordenó su reincorporación con pago retroactivo, según informó BBC News.
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