Estados Unidos ha intensificado su cooperación con países del Caribe para combatir el tráfico ilícito de armas que alimenta la violencia y la inestabilidad en la región. Mediante operaciones conjuntas, tecnología avanzada y asesoramiento especializado, agencias estadounidenses han logrado incautaciones récord, desarticulado redes transnacionales y perseguido penalmente a quienes intentan contrabandear armas y municiones desde territorio estadounidense hacia islas caribeñas.
Un caso emblemático ocurrió en mayo de 2025, cuando funcionarios de la Jamaica Customs Agency, capacitados con apoyo del Departamento de Estado, incautaron 238 armas de fuego y más de 23.000 cartuchos ocultos dentro de calentadores de agua en el puerto marítimo de Kingston. Esa operación constituye la mayor incautación de armas en la historia de la agencia.
Según información oficial, en febrero de 2026 una fuerza de tarea de seguridad nacional estadounidense integrada por DOJ, DHS y la policía estatal de Connecticut desmanteló una red criminal de dominio dominicano que operaba en varios estados, con la incautación de más de un kilogramo de fentanilo y metanfetamina, además de diecisiete armas de fuego. De los seis detenidos, cuatro enfrentan cargos federales por conspiración para tráfico de armas.
En el mismo periodo, autoridades de República Dominicana, en coordinación con ATF, HSI y la embajada estadounidense en Haití, interceptaron un contenedor procedente de Miami con destino a Haití que escondía 23 armas no declaradas, incluidos rifles Barrett calibre .50 de uso militar, y más de 36.000 municiones. El hallazgo derivó en cargos federales contra tres residentes de Florida, subrayando la dimensión internacional del tráfico ilegal.
Diversas agencias, entre ellas ATF, CBP, HSI y el Bureau of Industry and Security, han desplegado tecnologías avanzadas para detectar armas en puertos de entrada y salida, y hacen cumplir los controles de exportación estadounidenses para frustrar desvíos de armamento hacia organizaciones criminales.
El Departamento de Estado, además de su papel diplomático, facilita asistencia técnica para que los cuerpos de seguridad caribeños puedan rastrear armas, recolectar pruebas y participar en investigaciones conjuntas. Dos unidades especializadas, las Transnational Criminal Investigative Units de República Dominicana y Haití, trabajan directamente con investigadores estadounidenses para enfrentar el tráfico de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas.
La colaboración no se limita a la incautación de armas, sino que incluye el fortalecimiento de la capacidad forense y balística en Bahamas, Guyana, Jamaica, República Dominicana y Saint Lucia. La acción coordinada busca cerrar la brecha que explotaban los traficantes: “Los traficantes adquieren armas en la zona de Tampa a través de compras simuladas, presentando identidades falsas tanto de los compradores reales como de los destinatarios y su destino final”.
Cadena penal
Quienes organizan el contrabando enfrentan prisión, multas y en algunos casos la deportación inmediata tras la sentencia. En enero de 2026, Joel Rodriguez recibió una pena de 37 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada por intentar exportar diecisiete armas a República Dominicana. Había admitido una serie de violaciones a la legislación sobre exportación de armas tras una investigación conjunta de BIS, HSI y ATF.
De igual manera, en julio de 2025 Jean Wiltene Eugene, ciudadano estadounidense residenciado en Key West, fue condenado a 30 meses de prisión y a pagar USD 20.000 de multa por ocultar armas en vehículos enviados a Haití, tras una investigación liderada por la oficina de FBI Miami. Como parte del ciclo judicial, en noviembre de 2025, tras el decomiso de 48 armas destinadas a República Dominicana, Victor Rodriguez fue sentenciado a 30 meses de cárcel con orden de deportación posterior.
En el Caribe Oriental, el Departamento de Estado apoya el desarrollo de protocolos de investigación y guías de sentencia para delitos de tráfico de armas, mientras un programa regional de seguridad de arsenales busca evitar el desvío ilegal, especialmente en la fronteriza entre República Dominicana y Haití.
Iniciativa de Seguridad para el Caribe
Estados Unidos lanzó en 2010 la Caribbean Basin Security Initiative (CBSI), una plataforma de cooperación con trece países del Caribe centrada en fortalecer la capacidad institucional para combatir el crimen transnacional. El programa promueve el trabajo conjunto con DEA, ATF, CBP y HSI, y ha dado lugar al establecimiento de unidades selectas de investigación que colaboran directamente con fiscales estadounidenses.
La CBSI impulsa la labor de la CARICOM Crime Gun Intelligence Unit con sede en Trinidad y Tobago, que emplea inteligencia para desarticular redes de tráfico e investigar delitos con armas en toda la región. El apoyo también incluye formación en investigación de lavado de dinero y confiscación de activos.
Para blindar la frontera marítima, Estados Unidos coopera con el Regional Security System, que opera con ocho Estados miembros del Caribe Oriental y dispone de dos aviones de patrulla donados por el gobierno estadounidense. En mayo de 2025, Trinidad y Tobago fue sede de la cuadragésima edición del ejercicio Tradewinds, que reunió a más de 1.000 participantes de 31 países para ejercitar la interdicción marítima, seguridad terrestre y operaciones de asistencia humanitaria ante amenazas de organizaciones criminales y extremistas.
Modernización de laboratorios
El apoyo de Estados Unidos ha remozado la Forensics Lab de Saint Lucia, convertida hoy en centro regional para la capacitación en análisis forense y detección de drogas sintéticas. En Barbados, el RSS Digital Forensics Lab es el principal centro de la región para el análisis de evidencia digital válida en juicio. Otro avance relevante es la puesta en marcha y expansión del sistema de emergencia 911 en República Dominicana, que alcanza ya al 90% del territorio nacional.
El objetivo declarado de Washington —según las declaraciones y antecedentes oficiales— es impedir que armas y municiones lleguen a bandas criminales y organizaciones terroristas, tanto en el Caribe como en América Latina, a través de un entramado de persecución judicial, cooperación técnica y fortalecimiento institucional con alcance transnacional.
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