Una jueza federal en Estados Unidos desestimó este lunes los cargos penales presentados en septiembre y octubre contra el ex director del FBI James Comey y contra la fiscal general del Estado de Nueva York Letitia James, tras concluir que la fiscal interina a cargo de los casos fue nombrada de manera ilegal.
La resolución, firmada por la magistrada Cameron McGowan Currie en el Distrito Este de Virginia, determinó que Lindsey Halligan, designada por el presidente Donald Trump, “no tenía autoridad legal” para actuar como fiscal del distrito y presentar las acusaciones formales.
El fallo afecta dos investigaciones que avanzaban en paralelo: una por declaraciones falsas al Congreso contra Comey, antiguo rival político de Trump, y otra por fraude bancario y declaraciones financieras falsas contra James, quien encabezó la demanda civil que llevó a una sentencia millonaria contra el mandatario y su entorno empresarial.
Según la jueza Currie, “la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación; por lo tanto, concedo la moción del señor Comey y desestimo la acusación sin perjuicio”.
La misma decisión se aplicó en el expediente de James, luego de que ambas defensas impugnaran la designación y subrayaran el perfil inusual de la fiscal interina, que carecía de experiencia previa en cargos similares.
La controversia comenzó cuando Halligan fue designada el 22 de septiembre para reemplazar al fiscal Erik Siebert, que renunció tras cuestionar la solidez de las pruebas y negarse a elevar cargos contra Comey y James. Solo tres días después, Halligan presentó los cargos contra Comey.
A las pocas semanas, hizo lo mismo con Letitia James. Según los escritos judiciales, distintos subordinados en la oficina del fiscal se negaron a firmar las denuncias, que finalmente fueron remitidas únicamente con la rúbrica de Halligan.
Las defensas calificaron el proceso de “inusual” y denunciaron que la maniobra vulneró los procedimientos establecidos para las designaciones de fiscales federales, que regularmente requieren confirmación en el Senado o procedimientos estrictos de reemplazo interno.
Además, alegaron que la acción respondía a presiones políticas luego de que Trump insistiera públicamente en la necesidad de avanzar en juicios contra antiguos adversarios, especialmente tras ser condenado en una causa civil impulsada por James.
En Estados Unidos, la audiencia de custodia federal busca garantizar que toda detención o acusación formal respete los derechos fundamentales del imputado y se fundamente en actuaciones legales válidas. En este caso, el fallo se enfoca exclusivamente en la legalidad del nombramiento y la validez de los pasos procesales, sin entrar en el fondo de las acusaciones que motivaron los expedientes.
La Fiscalía podrá optar por presentar de nuevo los cargos, siempre que subsane los errores que motivaron la anulación. Sin embargo, el plazo para hacerlo podría haber expirado en el caso de Comey, cuya situación dependerá ahora de consideraciones de prescripción.
Por otro lado, la desestimación deja en suspenso el primer juicio penal programado contra Letitia James por hechos relacionados con su campaña contra la Organización Trump.
Ambos acusados han mantenido en todo momento su inocencia y denunciaron que afrontaron procesos impulsados como represalia política. En el caso de James, sus abogados subrayaron que las acusaciones surgieron después de que la fiscal liderara una demanda civil que resultó en una condena de 500 millones de dólares contra Donald Trump y miembros de su familia por fraude.
En lo inmediato, el fallo exonera a los acusados, pero mantiene la posibilidad de futuros litigios en caso de que se regularice la situación de quienes encabecen las fiscalías responsables.
(Con información de EFE y AFP)
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