
Tres niños nacidos en Estados Unidos, entre ellos un menor de 4 años que estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer metastásico, fueron deportados junto con sus madres a Honduras la semana pasada.
Según informó CNN, los casos han generado preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigratorios, quienes denuncian la falta de debido proceso en estas expulsiones.
De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración, las deportaciones ocurrieron tras reuniones de rutina que las madres tenían programadas con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Luisiana.
Las deportaciones se dieron tras visitas de rutina

Estas citas formaban parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP).
En uno de los casos, una madre fue deportada junto con su hijo de 2 años, mientras que en otro, una mujer fue expulsada con sus dos hijos, de 4 y 7 años, de acuerdo con información de CNN.
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, expresó su preocupación por lo que considera una violación al debido proceso. “Estamos presenciando en tiempo real una erosión del debido proceso”, afirmó Willis, quien representa al niño de 2 años a través de un amigo de la familia que actúa como peticionario en el caso judicial.
Según la abogada, estas deportaciones son un ejemplo alarmante de cómo se están manejando los procedimientos migratorios.
Casos de deportación de niños ciudadanos estadounidenses

Uno de los casos más destacados es el de una madre que fue detenida el jueves pasado en Saint Rose, cerca de Nueva Orleans, cuando acudió a una cita de ISAP con sus dos hijos.
Según su abogada, Erin Hebert, la mujer, quien ha vivido en el sur de Luisiana durante más de una década sin estatus migratorio legal, fue instruida para llevar a sus hijos y sus pasaportes a la reunión.
Sin embargo, al llegar al lugar, no se le permitió a Hebert acompañar a la familia. Minutos después, la abogada fue informada de que la madre y los niños habían sido detenidos, aunque no se le proporcionó información sobre su paradero.
Hebert relató que, tras la detención, presentó una suspensión de deportación en la oficina local del ICE en Nueva Orleans con la esperanza de evitar la expulsión de la familia. A pesar de sus esfuerzos, no recibió respuesta sobre el estado de sus clientes.
Horas después, la familia fue deportada a Honduras en un vuelo temprano el viernes por la mañana. “Mis clientes fueron deportados dentro de las 24 horas de haber sido detenidos, sin poder comunicarse conmigo”, denunció Hebert.
En otro caso, una madre y su hija de 2 años, identificada en documentos judiciales como VML, fueron detenidas mientras asistían a un control de rutina con ICE.
Según una petición de emergencia presentada en un tribunal federal, la madre, quien también está embarazada, fue deportada junto con su hija, a pesar de que un juez había fijado una audiencia para el 16 de mayo para revisar la situación del menor.
El juez había señalado que “es ilegal e inconstitucional deportar, detener para deportación o recomendar la deportación de un ciudadano estadounidense”.
Las madres querían que sus hijos permanecieran en EEUU

Ambas madres tenían órdenes de deportación emitidas en su ausencia, según explicó Willis. Esto significa que no asistieron a procedimientos judiciales relacionados con sus casos de inmigración, lo que llevó a un juez a emitir las órdenes.
“Algo les impidió estar presentes en alguna de las citas judiciales”, señaló Willis, quien cuestionó la validez de estas órdenes y la rapidez con la que se ejecutaron las deportaciones.
El gobierno, por su parte, afirmó que la madre de VML había solicitado llevarse a su hija a Honduras, citando una nota manuscrita supuestamente escrita por ella en español.
Sin embargo, Willis rechazó esta afirmación, argumentando que la nota no constituye una declaración de deseo. Según la abogada, tanto esta madre como la otra deportada querían que sus hijos permanecieran en Estados Unidos, donde tienen familiares y acceso a atención médica. En el caso del niño de 4 años, este seguía recibiendo tratamiento contra el cáncer.
Críticas a las políticas de deportación de ICE
Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana, calificó las deportaciones como un acto de ilegalidad que pone en riesgo a toda la comunidad.
“Se trata de personas con enfermedades terminales o afecciones médicas muy graves, residentes respetuosos de la ley que se reportaban al ICE, como se les había indicado bajo supervisión”, declaró Odoms. Además, advirtió que si ICE puede actuar de esta manera contra madres y niños, nadie está a salvo de este tipo de prácticas.
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