El Seguro Social da marcha atrás a su política de verificación presencial de datos de los beneficiarios

Esta política generó una ola de críticas por parte de los afectados y sus defensores, quienes argumentaron que la medida generaría dificultades, en especial entre las personas más vulnerables

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La reversión de la SSA permitirá a millones de beneficiarios continuar con la verificación de identidad por teléfono, evitando desplazamientos largos y costosos. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La reversión de la SSA permitirá a millones de beneficiarios continuar con la verificación de identidad por teléfono, evitando desplazamientos largos y costosos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) dio marcha atrás en su decisión de exigir que algunos beneficiarios de prestaciones, especialmente personas mayores y discapacitadas, verifiquen su identidad de manera presencial en las oficinas de la agencia.

Esta política, que iba a entrar en vigor el próximo 14 de abril, suscitó una ola de críticas por parte de los afectados y sus defensores, quienes argumentaron que la medida generaría dificultades, en especial entre las personas más vulnerables. Tras el revuelo, la SSA anunció el miércoles 9 de abril que permitirá continuar con la verificación de identidad por teléfono, aunque con algunas modificaciones en el proceso.

La política original de la SSA, que fue anunciada a principios de este año, requería que ciertos beneficiarios de beneficios del Seguro Social, que no pudieran verificar su identidad en línea, realizaran una visita obligatoria a las oficinas de la agencia. Esta decisión abarcaba a los beneficiarios de la seguridad social que no pudieran completar el proceso de verificación a través del portal en línea del Seguro Social, “Mi Seguro Social”.

La medida fue pensada como parte de un esfuerzo para combatir el fraude en el sistema, pero resultó en una gran preocupación entre muchas personas mayores y con discapacidad, quienes dependen de estos beneficios para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquileres y medicamentos.

Más de seis millones de personas mayores se habrían visto afectadas por la política original, que ahora será reemplazada por un sistema de verificación telefónica. (REUTERS/Fred Prouser)
Más de seis millones de personas mayores se habrían visto afectadas por la política original, que ahora será reemplazada por un sistema de verificación telefónica. (REUTERS/Fred Prouser)

Las críticas fueron inmediatas, ya que se estimaba que cerca de 6 millones de personas mayores se verían obligadas a realizar viajes de hasta 72 kilómetros para llegar a las oficinas de la SSA. Este sería un desafío importante para muchos de ellos, especialmente aquellos con problemas de movilidad o de salud. De acuerdo con el Center on Budget and Public Policies, esta medida habría impuesto una carga innecesaria y excesiva a una población ya vulnerable, aumentando las dificultades de acceso a un servicio básico y vital.

Nuevo sistema de verificación telefónica

Ante la presión pública y las críticas generalizadas, la SSA dio marcha atrás en su decisión. El miércoles, la agencia anunció que no eliminaría el servicio de verificación por teléfono como se había planeado. En cambio, implementará un sistema de “chequeo antifraude” para continuar utilizando la verificación telefónica. A partir del 14 de abril, los beneficiarios podrán seguir realizando sus trámites y verificaciones de identidad por teléfono, a excepción de aquellos casos que sean marcados como sospechosos de fraude.

La SSA explicó que, mediante el uso de un software especializado, se podrá detectar anomalías o posibles indicios de fraude durante las llamadas telefónicas. Si un caso es señalado como potencialmente fraudulento, el beneficiario deberá acudir a una oficina en persona para completar el proceso de verificación de identidad.

Esta medida permitirá a la SSA continuar con la lucha contra el fraude, pero de una manera menos onerosa para los beneficiarios, especialmente para aquellos que tienen dificultades para acceder a las oficinas de la agencia debido a su edad o a problemas de salud.

Con el nuevo sistema antifraude, la SSA podrá detectar posibles irregularidades sin necesidad de que los beneficiarios se desplacen a una oficina. (AP Foto/Jenny Kane)
Con el nuevo sistema antifraude, la SSA podrá detectar posibles irregularidades sin necesidad de que los beneficiarios se desplacen a una oficina. (AP Foto/Jenny Kane)

El cambio en la política se enmarca en una nueva estrategia para reducir el fraude en el sistema de seguro social, que se ha intensificado bajo la administración de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Musk, al igual que el expresidente Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que el sistema de Seguridad Social está plagado de fraude, y se ha enfocado en implementar medidas para identificar y evitar pagos indebidos. Sin embargo, esta crítica ha sido objeto de controversia, pues alegaciones previas de fraude, como la de que personas de 150 años estarían cobrando beneficios, han sido desmentidas.

La reversión de la política fue recibida con entusiasmo por los defensores de los derechos de los beneficiarios del Seguro Social. Max Richtman, director ejecutivo del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, calificó la decisión como una victoria para los beneficiarios, especialmente para los más vulnerables. “La decisión de la SSA de permitir que los solicitantes continúen validando su identidad por teléfono es una victoria para los beneficiarios del Seguro Social en todo el país”, afirmó Richtman en un comunicado citado por CBS News.

Sin embargo, Richtman también advirtió que la reversión no resuelve todos los problemas. Señaló que la SSA debe rectificar otras políticas perjudiciales, como los recortes en el personal y la retención de pagos de hasta el 100% en casos de sobrepago accidental, que en muchas ocasiones son causados por errores de la propia agencia. La reducción de personal en la SSA ha sido uno de los puntos de crítica más fuertes, ya que los recortes han afectado la capacidad de la agencia para atender de manera adecuada a los solicitantes de beneficios.

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