La nueva serie de Netflix, titulada Las Muertas y dirigida por Luis Estrada, se inspira en uno de los episodios más oscuros de la historia criminal mexicana: la red de explotación sexual orquestada por las hermanas González Valenzuela, conocidas como Las Poquianchis.
Esta producción, basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, retoma con ironía los hechos reales y los reinterpreta a través de personajes ficticios, como las hermanas Baladro, que en la ficción se reducen a dos, aunque en la realidad fueron cuatro.
El caso de Las Poquianchis salió a la luz en 1964, cuando la revista Alarma! denunció en su portada la corrupción de las autoridades implicadas.
Quiénes eran las hermanas González Valenzuela
Durante casi dos décadas, esta red de prostitución sometió a cerca de un centenar de mujeres, dejando al descubierto la complicidad de funcionarios y la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas.
La cobertura sensacionalista de la prensa y la fragmentaria documentación policial contribuyeron a distorsionar la verdad, relegando el sufrimiento de las familias y la falta de justicia para muchas víctimas que nunca fueron identificadas.
Las hermanas Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús nacieron en Jalisco y crecieron bajo la violencia de su padre, un expolicía del régimen porfirista conocido por su brutalidad y alcoholismo.
Tras ser acusado de asesinato, la familia cambió su apellido de Torres a González y se vio obligada a huir. Al fallecer sus padres, las jóvenes heredaron una suma modesta, con la que abrieron su primer burdel en El Salto.
Aunque este negocio fue clausurado tras un tiroteo, la experiencia adquirida les permitió, en 1954, establecer una operación mucho más amplia y rentable, con burdeles en Lagos de Moreno (Jalisco), San Francisco del Rincón y León (Guanajuato).
Cómo crearon su imperio de explotación
El reclutamiento de víctimas, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 15 años, se realizaba en pueblos marginados del Bajío. Las hermanas y sus cómplices se acercaban a las jóvenes o a sus familias con promesas de empleo como empleadas domésticas o meseras.
Una vez en los burdeles, las sometían a violencia verbal, física y sexual para quebrar su voluntad y “prepararlas” para la explotación. El control se ejercía mediante el chantaje de la vivienda, la ropa y la comida, generando una deuda imposible de saldar.
En la operación participaban expolicías, choferes, capataces y, en ocasiones, mujeres que habían ganado la confianza de las hermanas y se encargaban de castigar a las recién llegadas.
Las jóvenes que desobedecían eran privadas de alimento, encerradas durante horas y golpeadas brutalmente. Las mujeres que presentaban signos de anemia, enfermedades o que, según los criterios de las explotadoras, ya no resultaban atractivas para la clientela, eran asesinadas.
En los burdeles también se practicaban abortos clandestinos y, si alguna víctima llegaba a término en su embarazo, los bebés eran eliminados. Las propiedades de las González Valenzuela se convirtieron en cementerios improvisados, y la prensa de la época reportó el hallazgo de cadáveres de mujeres y niños con signos de violencia.
Lo que dejó al descubierto su detención
Estas atrocidades continuaron hasta 1964, cuando la policía comenzó a investigar tras recibir denuncias de familias de jóvenes desaparecidas. La intervención definitiva de las autoridades se produjo después de que una mujer lograra escapar de uno de los burdeles y presentara una denuncia.
En enero de ese año, Delfina y María de Jesús fueron detenidas. La policía tuvo que contener a una docena de mujeres cautivas que intentaron linchar a las dos hermanas en el momento de la detención.
Luisa se entregó semanas después, mientras que Carmen había fallecido años antes de que la justicia la alcanzara. El número de víctimas reconocidas asciende a unas 90, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor.
Las sentencias dictadas contra las responsables reflejaron la gravedad de los crímenes: Delfina y María de Jesús recibieron condenas de 40 años de prisión, mientras que Luisa fue sentenciada a 27 años.
Los delitos imputados incluyeron homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, amenazas, encubrimiento y violación a las leyes de inhumación “cometidos en agravio de varias personas”. Los cómplices recibieron penas de entre seis y 35 años de prisión.
La impunidad con la que operaron Las Poquianchis durante décadas fue posible gracias a la omisión de las autoridades. Los medios reportaron que un cacique de Jalisco les brindó protección durante años y que un presidente municipal de El Salto, aspirante a diputado federal, estuvo vinculado con las hermanas.
No se ha esclarecido qué jefes policiales o políticos facilitaron la expansión de sus actividades en Guanajuato. Además, uno de sus contactos influyentes les permitió evitar el escrutinio de las entidades financieras, a pesar de las grandes sumas de dinero generadas por sus delitos.
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