Sigue el proceso contra el exdirector de Trabajo andaluz Daniel Rivera por ayudas a SOS Cuétara en el caso de los ERE

El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado continuar la causa contra cuatro investigados, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada de los ERE por la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas por más de 4,2 millones de euros a SOS Cuétara S.A.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto fechado el pasado 3 de noviembre, el magistrado toma esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El instructor acuerda así continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra el ex alto cargo de la Junta, dos directivos de la mediadora Vitalia y una 'intrusa', la cual era suegra del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

No obstante, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados - un representante de la empresa y un dirigente del sindicato CCOO - al considerar que "no hay motivos suficientes para atribuirles participación" en la comisión de los delitos investigados y al no encontrarse en la causa "indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede".

El magistrado precisa que estas ayudas habrían tenido por objeto "fundamentalmente, financiar dicho proceso de reestructuración empresarial e incrementar la particular cobertura económica de los extrabajadores de SOS Cuétara afectados" por el ERE mediante la formalización de un seguro de rentas.

Se incluía, según el escrito, en dicho aseguramiento a una supuesta "trabajadora" que no estaba afectada por el ERE descrito y "ni siquiera tenía relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiaria", una inclusión "determinada por su relación de parentesco" con Francisco Javier Guerrero.

Este último, según el magistrado, "aprovechando la absoluta carencia de control y fiscalización de la ayuda anterior, dirigida a financiar las pólizas de prejubilaciones con dinero público, introdujo en el coste del estudio de rentas de estos trabajadores a su suegra".

Una operación que "se habría realizado en connivencia de la propia investigada y de los responsables de la consultora Vitalia" investigados, quienes "intervinieron en la tramitación y gestión de las pólizas de seguro de rentas, instrumentalizadas para canalizar la arbitraria disposición de fondos públicos objeto de autos y que habría de tener como asegurados a los extrabajadores de la empresa afectados por el ERE".

"No fue sino la falta absoluta de control y de fiscalización lo que posibilitó que se pudieran suscribir" para la suegra del ex director general de Trabajo "dos pólizas de seguro de rentas cuya prima, en su totalidad, habría de ser financiada por la Junta de Andalucía", asevera el juez.

Así, y según indica el instructor, "se habría conseguido el otorgamiento" de unas supuestas subvenciones públicas, "de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía".