
La Fiscalía Europea ha llevado a cabo diligencias de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, todas ellas en Madrid. Las actuaciones se enmarcan en una causa abierta por un posible fraude relacionado con fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el mismo trayecto en el que se produjo el accidente del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo. Las medidas de investigación han contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de ejecutar las diligencias sobre el terreno.
Según ha explicado la propia Fiscalía Europea en un comunicado, la causa se inició por iniciativa propia del organismo, es decir, de oficio, sin que mediara una denuncia previa de terceros. La Fiscalía es el organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que afecten a los intereses financieros del bloque comunitario. Su intervención en este caso se debe precisamente a que la obra investigada se financió, al menos en parte, con fondos europeos.
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Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación mientras esta continúa en una fase inicial. No se ha especificado qué documentación ha sido requisada ni si se han producido detenciones o imputaciones formales como consecuencia de los registros.
*en ampliación
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