Procesado un ex director general de Trabajo de la Junta en una pieza separada del caso ERE

Sevilla, 6 nov (EFE).- Un juzgado de Sevilla ha procesado en una pieza del caso ERE, por ayudas de 4,2 millones de euros a la mercantil SOS Cuétara, a cuatro investigados, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivero, y una 'intrusa' (beneficiaria irregular).

Esta empresa tiene como objeto social la compraventa, importación, exportación, transformación, elaboración y comercialización de galletas, obleas, barquillos, caramelos y productos similares, así como de aceites, margarinas, grasas y sus derivados.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla toma la decisión (seguir como procedimiento abreviado las diligencias previas) por si los hechos fueran constitutivos de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Por ello, da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio y formulen acusación, el archivo de la causa o diligencias complementarias indispensables.

El instructor procesa al ex alto cargo de la Junta, una 'intrusa' que era suegra de otro ex director general de Trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, y dos directivos de la mediadora Vitalia.

También acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados, un representante de SOS Cuétara y un dirigente del sindicato CCOO.

El magistrado pone de manifiesto que "no existen indicios suficientes" de que estos dos investigados "participaran de forma trascendente en la génesis, gestión y obtención de las disposiciones ilícitas de fondos públicos objeto de las presentes actuaciones", según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Subraya que "es cierto que habrían intervenido en reuniones" con Guerrero, "si bien, a la vista del resultado de las declaraciones testificales practicadas, no sería posible establecer, con la solvencia necesaria, en qué medida pudieron influir en los responsables de la Consejería de Empleo para financiar irregularmente las pólizas, al margen de la legalidad".

Además, prosigue el juez, "no hay indicios solventes de la participación de tales investigados en la inclusión" de la suegra de Guerrero como beneficiaria de tales pólizas, por todo lo cual "se estima procedente decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones" contra ambos.

El objeto de esta pieza separada del caso ERE es la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales excepcionales facilitadas y abonadas entre 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta vinculadas con la reestructuración laboral de SOS Cuétara.

El importe de estas subvenciones "graciosamente concedidas" por la Junta ascendió a la suma de al menos 4, 2 millones de euros.

El instructor precisa que estas ayudas habrían tenido por objeto financiar la reestructuración empresarial e incrementar la particular cobertura económica de los extrabajadores de SOS Cuétara afectados por un ERE.

Este aseguramiento habría incluido una supuesta "trabajadora" que no estaba afectada por el ERE y no tenía relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiaria, la cual habría estado "determinada por su relación de parentesco" con Guerrero.

El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente la condena por otro pieza separada del caso ERE a dos años de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al exdirector general Daniel Alberto Rivera por las ayudas concedidas a la empresa Industrias Elizana. EFE