Barcelona, 6 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha impedido a la hermana de Montse Careta, sospechosa del crimen de Helena Jubany que se suicidó en prisión en 2002, que pueda ejercer la acusación popular en la causa por el asesinato de la bibliotecaria, pendiente de juicio 25 años después.
En un auto, la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso presentado por la hermana de Careta, que era pareja de Santiago L., el único acusado por el asesinato de la bibliotecaria en 2001 y para quien la Fiscalía y la acusación particular piden 26 años de prisión.
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Santiago L. fue investigado en su día, junto a Montserrat Careta y Ana Isabel E., amigos de la víctima de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), pero fue exculpado por falta de pruebas. Los avances tecnológicos en los análisis de ADN han permitido reabrir el caso y dejar en puertas del juicio al sospechoso, tras hallarse material genético suyo en el jersey de la fallecida.
La hermana de Montserrat Careta, que se quitó la vida en 2002 cuando estaba en prisión preventiva tras su detención por su presunta relación con el crimen, pretendía ejercer la acusación en la causa alegando que buscaba contribuir al completo esclarecimiento de los hechos.
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La Audiencia, sin embargo, considera que, pese a ser "comprensible" el interés de la familiar de Careta en participar en el proceso "por la penosa historia de su hermana", no se puede olvidar que esta "estuvo como investigada en esta causa pero su presunta responsabilidad criminal se extinguió con su defunción por suicidio".
Para la sala, el interés de la familiar de Careta en formar parte del proceso "es instrumental, para aclarar las dudas sobre la participación de su hermana en los hechos", lo que no encaja con el proceso penal abierto, cuyo único objetivo es determinar si Santiago L. tuvo relación con la muerte de Helena Jubany y de qué manera.
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El tribunal considera que la presencia de la hermana de Careta como acusación popular "obstaculizaría más que ayudaría" en ese objetivo.
Jubany fue asesinada en diciembre de 2001, al ser arrojada por la azotea de un edificio de Sabadell (Barcelona) por una o varias personas que, según la jueza instructora, previamente le habían suministrado sustancias estupefacientes para impedir que tuviera capacidad física y psíquica para huir.
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En 2005, la causa en la que se investigaba por este crimen a Santiago L., entre otros, se archivó provisionalmente por falta de pruebas, pero la familia de la víctima, representada por el abogado Benet Salellas, litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso en febrero de 2023, al filo de su prescripción. EFE
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