Un informe propone derogar o reformar tres de cada cuatro normas aprobadas en los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) y el Instituto Juan de Mariana han propuesto derogar, simplificar o reformar en profundidad 453 de las 598 normas con rango de ley aprobadas en España entre 2004 y 2025, lo que representa el 76% del total.

El informe, presentado este jueves en la Universidad CEU San Pablo, analiza la legislación de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, concluyendo que tres de cada cuatro disposiciones examinadas son susceptibles de algún tipo de modificación.

El documento, titulado 'Desenredar España II', amplía la auditoría legislativa que ambas instituciones presentaron en febrero, centrada entonces en las normas aprobadas durante los gobiernos de Sánchez, para incorporar los dos mandatos anteriores y ofrecer una perspectiva de conjunto sobre la evolución del ordenamiento jurídico español durante las últimas dos décadas.

En este sentido, el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, ha subrayado que el problema de la hiperregulación no es "exclusivo" de una determinada formación política, sino que constituye una "cuestión estructural y transversal".

"Esto no va de partidos, esto no va de colores políticos", ha señalado, aunque ha apuntado que la producción normativa ha tenido una mayor incidencia durante los gobiernos de Zapatero y, especialmente, de Sánchez.

A su juicio, los tres ejecutivos han mantenido una dinámica de acumulación legislativa que se inició tras los gobiernos del José María Aznar, a los que considera los últimos en impulsar una política de desregulación.

En este sentido, el coordinador del informe por parte del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha explicado que el trabajo es el resultado de una auditoría desarrollada durante el último año y medio para identificar las disposiciones que suponen "obstáculos" para la actividad económica y la libertad de las personas, así como aquellas que han quedado "desfasadas" o se solapan con regulaciones posteriores.

"España tiene un gravísimo problema de sobrerregulación y nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo", ha afirmado Sánchez de la Cruz, quien ha defendido que el proyecto pretende trasladar a medidas concretas las demandas de simplificación normativa que también recogen organismos como el Banco de España y la Comisión Europea.

TRES GOBIERNOS

Por periodos, el estudio ha examinado 208 normas aprobadas durante la etapa de Zapatero (2004-2011), de las que propone derogar 41, revisar 32 por los excesos introducidos en la transposición de normativa europea y reformar en profundidad otras 64. Las 71 (el 35%) restantes podrían mantenerse sin cambios prioritarios.

En el caso del Ejecutivo de Rajoy (2011-2018), se han analizado 147 disposiciones, de las que 34 deberían derogarse, 27 revisarse para corregir excesos regulatorios y 51 reformarse en profundidad. Solo 35 (el 24%) quedarían al margen de una intervención prioritaria.

Por último, la primera entrega del proyecto, presentada en febrero y centrada en las 243 normas del periodo de Sánchez, planteó derogar 57, negociar la eliminación de otras 31 vinculadas a compromisos europeos, corregir los excesos regulatorios de 40 y reformar en profundidad otras 76. Solo 39 quedarían fuera de una actuación prioritaria.

En el conjunto de las tres etapas, las propuestas se distribuyen entre 132 derogaciones directas, otras 31 condicionadas a la comunicación y negociación con la Comisión Europea por estar vinculadas a compromisos del Plan de Recuperación, 99 revisiones para eliminar cargas adicionales a las exigidas por la normativa comunitaria y 191 reformas profundas. Las 145 restantes, el 24% del total, no requerirían modificaciones prioritarias a corto plazo.

FENÓMENO DEL 'GOLD-PLATING'

Los autores han precisado que el informe no plantea una eliminación indiscriminada de la legislación.

En este sentido, Sánchez de la Cruz ha explicado que una parte de las modificaciones propuestas responde a los excesos que, a su juicio, España introduce al transponer directivas europeas. Como ejemplo, ha señalado que la normativa española de protección de datos puede llegar a ser cuatro veces más onerosa en términos de carga burocrática que la de otros países de la Unión Europea.

A este fenómeno, conocido como 'gold-plating', se suma la necesidad de revisar disposiciones que han quedado desfasadas o se solapan con otras normas vigentes. "Una cosa es que haya estándares europeos que tenemos que cumplir porque somos parte de la Unión Europea y otra es que estemos aprovechando las transposiciones para introducir una enorme capa de duplicidades y requisitos que no son exigidos por el legislador comunitario", ha explicado.

Entre las principales propuestas del informe figuran la revisión de la legislación educativa, simplificar las obligaciones de los trabajadores autónomos, reformar la normativa laboral y reducir las cargas administrativas que afectan a empresas y emprendedores.

UNA REVISIÓN QUE TAMBIÉN AFECTA A LA LIBERTAD PERSONAL Y SOCIAL

Ante este exceso normativo, el coordinador del informe por parte de CEU CEFAS, Emilio Esteban-Hanza, ha advertido de que el entramado legislativo puede terminar convirtiéndose en un "freno estructural" para la actividad económica y la libertad de los ciudadanos.

En este marco, Esteban-Hanza ha reiterado su defensa en el proyecto y ha recalcado que no pretende eliminar indiscriminadamente la regulación, sino realizar una auditoría con criterios explícitos que permita avanzar hacia un marco "mucho más sencillo, más estable, más previsible".

"Las leyes y las normas tienen que ser claras, pocas y que se cumplan", ha sentenciado el director de CEU CEFAS, Elio A. Gallego García.

LA AUDITORÍA UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para abordar el volumen de disposiciones, el proyecto incorpora 'Spain-Desreg', una herramienta desarrollada por Foro Regulación Inteligente que procesa 649.000 disposiciones del Boletín Oficial del Estado mediante técnicas de aprendizaje automático, procesamiento de texto e inteligencia artificial.

El sistema contrasta las normas con más de 5.000 documentos de organismos como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y las evalúa atendiendo a cinco criterios: carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, intervencionismo y extensión.

Además, el proyecto cuenta con 'Motosierra-desreg', que permite identificar duplicidades, distorsiones de mercado, obsolescencia normativa y cargas adicionales introducidas en la transposición de legislación europea, así como generar borradores de posibles reformas.

Sánchez de la Cruz ha destacado que estas herramientas permiten analizar un volumen de legislación que sería "inabarcable" mediante una revisión manual.

No obstante, los responsables del proyecto han insistido en que la tecnología no sustituye la revisión de los expertos, sino que facilita el análisis de las conexiones entre disposiciones para evitar que la derogación de una norma genere contradicciones o vacíos legales. Los resultados deben ser validados por equipos de juristas, economistas y especialistas en políticas públicas.