La UCO registra la casa de Ábalos y pide información a Adif sobre contratos "amañados"

Madrid, 5 nov (EFE).- La apertura de una nueva pieza separada del caso Koldo ha desembocado en el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos -en prisión- y en el requerimiento a Adif Alta Velocidad para que dé información sobre presuntos contratos "amañados".

Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya abierto una nueva pieza separada del caso Koldo, tras recibir otro informe de la UCO.

En esta operación los agentes han detenido a seis personas este jueves, entre ellas a Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y a Andrea De la Torre, actual pareja de Ábalos.

Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla en el marco de esta nueva pieza, declarada secreta y que, según indican fuentes jurídicas, se trata de un despiece de la rama de la investigación que aborda presuntas "mordidas" en contratos de obra pública.

Uno de los registros ha tenido lugar en Córdoba, en el domicilio del empresario Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y que actuó como chófer de Sánchez durante las primarias en las que buscó recuperar la secretaría general del PSOE, en 2017.

No obstante, fuentes del partido aseguran a EFE que el PSOE nunca ha pagado a Corvillo, a quien dicen no conocer, aunque no descartan que pueda haber conducido el coche en el que viajaba Sánchez, "como lo pudo haber hecho cualquier otra persona".

Además de Corvillo, entre los detenidos figura Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, que ha sido arrestada en casa del exministro y que se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Guardia Civil durante el registro de la vivienda en el que ha estado presente.

Entre los lugares registrados por la UCO también está la sede en Sevilla de la constructora Azvi.

El nombre de Azvi ya ha salido en alguna ocasión en el marco de este procedimiento. El presidente del grupo, Manuel Contreras, testificó en el Tribunal Supremo hace unos meses y explicó que contrató en 2023 a Koldo García para abrir mercado en Sudamérica. El exasesor cobró 6.000 euros al mes durante tres meses y 25.000 euros por gastos adelantados.

Contreras intentó querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por las acusaciones vertidas contra su empresa sobre el presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, si bien el Supremo se lo denegó en este momento al considerar que las manifestaciones del presunto conseguidor no estaban "mínimamente contrastadas".

Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública "amañados", según explican a EFE fuentes próximas a la investigación, lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

Fuentes de Adif han precisado a EFE que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y han destacado la "total colaboración" prestada.

Por las presuntas mordidas en obra pública el magistrado Moreno investigaba hasta ahora a al menos a una quincena de personas, incluidos Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto. EFE