Cinco ONG llevan a Fiscalía el abandono de niños migrantes en Ceuta al ver posible delito

Madrid, 5 nov (EFE).- Cinco oenegés han trasladado a la Fiscalía un informe que detalla el abandono al que se ha sometido a los migrantes menores de edad no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio al apreciar que las actuaciones u omisiones de las diferentes administraciones podrían tener "relevancia penal".

Las entidades Fundación Raíces, Asociación Elín, No Name Kitchen, Mission Lifeline International y Plataforma de Infancia han remitido este informe a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Menores de Ceuta, además de a diferentes ministerios del Gobierno Central, al Ejecutivo autonómico de Ceuta y al Defensor del Pueblo.

En el documento, las entidades denuncian la "situación flagrante de vulneración de derechos reiterada y sostenida a la infancia migrante" para que la Fiscalía evalúe la "posible dejación de funciones de todas las administraciones intervinientes" en garantizar su protección.

Las oenegés consideran que determinadas actuaciones y omisiones producidas podrían "contravenir la normativa nacional e internacional de protección de la infancia" e incluso "presentar relevancia penal".

En particular, en relación con una eventual omisión del deber de auxilio o con el incumplimiento del deber de promover la persecución de determinados delitos, extremos que corresponderá valorar a las autoridades judiciales y fiscales, precisan en ese informe.

La "gravedad, persistencia y posibles consecuencias" de estas actuaciones obligan también a examinar si se trata de dinámicas de "violencia institucional", cuando la propia actuación o inacción de las instituciones "perpetúa o agrava" situaciones de desamparo y vulneración de derechos.

Según el registro conjunto de las entidades que trabajan sobre el terreno, tras 100 días del comienzo de la crisis migratoria, aún hay 400 niños y adolescentes de entre 13 y 17 años en situación de desamparo, de los cuales entre 150 y 200 duermen a la intemperie y resto pasan las noches en casas, garajes, portales o trasteros.

Entre los niños identificados, las entidades han detectado menores que huyen de matrimonios forzosos y otras formas de violencia en su país, perfiles claros para recibir protección internacional, jóvenes con problemas de adicciones, otros que han sido expulsados a Marruecos en contra de su voluntad y casos de chicos que tienen familia en otra ciudad de España y no están siendo reagrupados.

También niños y jóvenes con heridas y enfermedades graves que no reciben tratamiento médico salvo la atención básica que realiza la oenegé Médicos del Mundo y menores "agredidos por militares del Ejército español o que han recibido un trato hostil por parte de la Policía Nacional".

Entre los menores que sí son atendidos por el sistema de protección ceutí, las entidades señalan que hay "un grupo elevado de niñas" que relatan haber sufrido agresiones físicas y psíquicas por parte del personal de los centros y algunas que, al parecer, abandonan los mismos para ser prostituidas.

Las oenegés han apuntado la "sobreocupación" en la red de acogida autonómica, con centros que en realidad son "naves industriales o carpas de campamentos ligeramente adaptados", lo que no permite dar una correcta atención a los menores ni garantizar derechos básicos como su regularización administrativa.

Las entidades señalan a la administración autonómica, que ostenta las competencias en protección a la infancia, pero también al Gobierno central, ya que aseguran que cualquiera "puede y debe" habilitar espacios y ceder su uso para la atención de menores.

Denuncian fallos en el protocolo y la falta de policías para la identificación y filiación de los menores y que no se haya activado el mecanismo de reubicación de los menores a otras comunidades autónomas, el cual está "absolutamente bloqueado por intereses políticos" pero que el Ejecutivo central debería "forzar" para tramitar de inmediato los traslados. EFE