
Vox ha pedido al Tribunal Supremo suspender el derecho a voto a los hijos de la nacionalizados por la 'ley de nietos' cuando sus progenitores estén afectados por la suspensión cautelar "por carecer de certificación consular acreditativa del exilio".
En un escrito de alegaciones, Vox señala que los hijos "deben quedar sujetos al mismo régimen cautelar que sus progenitores, puesto que su acceso a la nacionalidad se apoya en el reconocimiento previo de la de estos". "Permitir que voten mientras permanecen suspendidos los efectos electorales de la inscripción del progenitor comprometería la eficacia de las medidas acordadas", ha señalado el partido en un comunicado, donde también apunta que la suspensión solicitada "no se aplicaría cuando el progenitor cuente con la certificación consular exigida".
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El Tribunal Supremo decidió este viernes dar tres días a las partes en el proceso de la llamada 'ley de nietos' para que se pronuncien sobre la petición del partido Iustitia Europa de extender la suspensión cautelar del voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía.
Según varias providencias a las que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación".
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Pero sí que aceptan "abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de tres días comunes, contados a partir de la notificación de esta resolución", que acaba el próximo miércoles de acuerdo a fuentes jurídicas consultadas, "puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos".
Iustitia Europa solicitó al Supremo identificar a los hijos de las personas que hayan conseguido la nacionalidad española a través de la 'ley de nietos' y suspender cautelarmente "sus efectos electorales" de los que estén incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
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El partido que dirige el abogado Luis María Pardo reclamó al Supremo que la suspensión cautelar se extienda "hasta que la Administración complete su identificación individual, determine el progenitor del que deriva cada adquisición y precise la vía jurídica por la que éste obtuvo la nacionalidad española".
RECLAMA TAMBIÉN UNA "RELACIÓN NOMINAL" DE LOS HIJOS AFECTADOS
En el escrito Vox también ha solicitado que los ministerios competentes --Exteriores y Justicia-- remitan al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, antes del 20 de noviembre, "una relación nominal de los hijos afectados, con identificación de sus progenitores y de la documentación acreditativa del exilio".
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El partido político reclama además que su documentación electoral y sus sobres "se custodien por separado en las oficinas consulares y en las juntas electorales provinciales, sin cómputo definitivo hasta su verificación individual". Así, señala que "si el Supremo no acuerda de inmediato la ampliación, reclama que se identifique a los afectados y se mantengan sus votos separados hasta completar las comprobaciones".
"INFORMACIÓN INCOMPLETA"
Por otra parte, el escrito de Vox denuncia que la información remitida por la Administración General del Estado "está incompleta" pues, según el análisis del partido, "de los 145.580 registros que incluyen información sobre el exilio, solo 901 --el 0,62 %-- figuran con exilio acreditado". "Otros 17.775 registros de Buenos Aires carecen de información que permita comprobar ese extremo", subraya.
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Ante ello, Vox pide al Supremo que requiera a la administración "las certificaciones individuales de exilio, que complete la información de los registros de Buenos Aires y los datos identificativos que faltan, y que depure los duplicados y las discrepancias en las cifras de afectados".
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