Barcelona, 23 oct (EFE).- La Fiscalía pide 38 años de cárcel para un pederasta reincidente acusado de abusar de cinco niñas en la piscina de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) en agosto de 2022, cuando estaba en libertad condicional cumpliendo una condena por otro caso de violencia sexual a menores en Terrassa (Barcelona).
El pederasta, que reabrió el debate sobre las medidas de control a los agresores sexuales reincidentes que salen de prisión sin estar rehabilitados, se sentará el próximo lunes en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona cuando todavía está bajo libertad vigilada por su primera condena, de 2016.
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El procesado, Carles S., está acusado en esta ocasión de hacer tocamientos a niñas de entre 7 y 9 años tras ganarse su confianza en las piscinas de Sant Vicenç de Castellet a lo largo de tres semanas de agosto de 2022, cuando estaba en libertad condicional, tras haber cumplido tres cuartas partes de la pena de 14 años de cárcel que se le impuso en 2016.
Carles S. fue detenido, pero el juez descartó enviarlo a prisión preventiva por los abusos que presuntamente cometió en Sant Vicenç, pese a que así lo había solicitado la acusación particular ejercida por los padres de las menores. No obstante, se le revocó la libertad condicional de la que disfrutaba.
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Tres meses después, salió en libertad definitiva tras cumplir su primera condena por abusos sexuales en Terrassa, mientras el Departamento de Justicia avisaba a la Fiscalía de Barcelona de que Carles S. presentaba un "riesgo elevado de reincidencia", a los efectos de que habilitara las medidas de seguimiento habituales en este tipo de casos.
El pedófilo tenía además una pena accesoria de siete años de libertad vigilada, pero salió de prisión sin que la justicia hubiera establecido aún las medidas para garantizar su control que se le impusieron en sentencia, lo que puede incluir desde pulsera con localización a supervisión policial.
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La Fiscalía pidió entonces que se colocara una pulsera telemática al pederasta para controlarlo, pero la Audiencia de Barcelona descartó esa medida, aunque le impuso un curso de reeducación sobre violencias sexuales y comparecencias periódicas ante el juzgado, además de prohibirle acercarse a lugares frecuentados por menores de edad. EFE
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