Agricultura cree que la próxima tractorada tiene perfil "político" antes de las elecciones

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- El Gobierno ha considerado que la tractorada convocada en Madrid por varias organizaciones agrarias el próximo 28 de octubre, un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tiene un carácter "claramente político".

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han rebatido los motivos que esgrimen las organizaciones Asaja, COAG y Unión de Uniones para movilizarse "por un campo con futuro".

PUBLICIDAD

Han recordado que España tiene la mayor renta agraria de la Unión Europea (UE) en los últimos tres ejercicios, hasta los 39.798,57 millones de euros de 2025, según datos de Eurostat.

El Ejecutivo ha dispuesto más de 1.000 millones de euros de ayudas específicas para el sector agrario (para la compra de fertilizantes, gasóleo B de uso agrario, préstamos bonificados y avales) por el impacto del conflicto en Oriente Medio, más que el resto de países de la UE.

PUBLICIDAD

Estas ayudas extraordinarias, autorizadas por la Comisión Europea en un marco temporal, solo pueden cubrir hasta el 70 % del sobrecoste derivado del conflicto; además se han puesto a disposición de las comunidades 50,17 millones de la reserva de crisis de la UE.

Las fuentes han trasladado a EFE Agro que en España ya existe un régimen de gasóleo profesional agrario, con precio reducido en el surtidor y devolución del impuesto de hidrocarburos.

La negociación de una Política Agraria Común (PAC) que proteja la renta de los agricultores es "clave" y la posición del Gobierno español es "apoyada" por las 17 comunidades, las 4 organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, insisten las fuentes de Agricultura, que piden "estar unidos" para negociar en Bruselas.

En España hay "acuerdo unánime" en reclamar un presupuesto "sustantivo" para una PAC "europea pero con posibilidad de aplicación flexible", así como para mantener el mercado único evitando la renacionalización de dicha política.

España es el segundo Estado miembro de la UE -solo por detrás de Francia- que más fondos recibe de la PAC, con casi el 14 % del presupuesto comunitario dedicado al sector.

Las fuentes gubernamentales aseguran que el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria -tomada como ejemplo a nivel europeo- "compete a todos los operadores" y los productores agrarios pueden denunciar su incumplimiento.

El control corresponde la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a las autoridades autonómicas competentes.

El Gobierno defiende "en todos los foros" que los acuerdos comerciales de la UE con terceros países incluyan mayor reciprocidad o cláusulas espejo; en el caso de Mercosur, el pacto es "muy exigente" y ofrece "grandes oportunidades" para la agroalimentación española.

Según sus datos, el control de importaciones ha aumentado con una nueva organización integrada de los servicios de inspección en 45 puntos fronterizos, donde se realizaron más de 78.000 controles físicos en 2025 y más de 66.200 en lo que va de 2026 hasta mediados de octubre.

De acuerdo a las fuentes, se ha avanzado en la simplificación y la flexibilización, como se hizo en la modificación normativa que el MAPA pactó con las organizaciones UPA y Unión de Uniones dentro de un acuerdo de 43 medidas.

También se logró "en tiempo" récord un cambio de la normativa comunitaria para cumplir determinadas condiciones de las ayudas de la PAC; ; en cuanto a las buenas prácticas agrarias, el Ministerio las ha defendido por ser "positivas" para las explotaciones a largo plazo.

Además, la fuentes recuerdan que el Gobierno ha implementado un sistema "simple y sin necesidad de solicitud previa" para tramitar las últimas ayudas extraordinarias. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD