Madrid, 20 oct (EFE).- El Partido Popular ha anunciado este martes que ha enviado un burofax a la directora general de españoles en el exterior y de asuntos consulares para exigir que cumpla de inmediato la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
"Advertimos de que en caso de incumplimiento, vamos a exigir todas las responsabilidades a quien corresponda, también las penales", ha apuntado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del Partido Popular, Alma Ezcurra.
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En un vídeo distribuido a medios por el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, Ezcurra ha explicado una serie de acciones para "defender la democracia" ante un Ejecutivo "sin límites" de Pedro Sánchez que ha decidido "quebrantar" el ordenamiento jurídico.
Un mes después de la decisión del Supremo de retirar del censo a quienes no son descendientes de exiliados, afirma el PP, la oficina del censo no ha recibido "ni un solo dato", una "actitud pasiva" y "obstruccionista".
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En el burofax se da de plazo hasta el jueves para ofrecer estos datos ya que el sábado 24 empieza el envío del voto del censo de residentes en el exterior, que podría llegar por tanto a los 163.020 electores suspendidos, ha detallado la vicesecretaria.
Otra de las acciones es el envío de una petición al Tribunal Constitucional para que admita la personación del PP para defender "un censo íntegro como garantía electoral" y para que inadmita el recurso del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha sido "una maniobra insólita".
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"El defensor del pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno" y parece que hay algunos socialistas "muy agradecidos" que están empeñados "en ofrecer su último servicio al sanchismo", ha afirmado Ezcurra, quien ha recordado que Gabilondo está a un mes de su jubilación.
Si se estima el recurso de Gabilondo, ha añadido Ezcurra, sería "una indefensión absoluta".
En tercer lugar, ha explicado, el PP va a denunciar los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, donde se han concedido pasaportes a personas sin padres ni abuelos españoles, para que se investiguen y para que se depuren responsabilidades. EFE
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