Rosario: 75 años, un 38 % de discapacidad y un desahucio que parece inevitable

Fermín Cabanillas

Sevilla, 11 oct (EFE).- Hace 44 años, Rosario y su marido compraron su piso en el casco antiguo de Sevilla, y hace dos ella recogió una carta que le habían dejado bajo de su puerta mientras su marido agonizaba en un hospital. En ella se le notificaba que debía abandonar en un mes la casa, subastada por su banco por impago de una hipoteca, una amenaza de desahucio que ella vive ahora "con miedo".

Rosario, que enviudó el pasado abril, no quiere dar sus apellidos ni mostrar su cara. Lleva más de un año aplazando una operación de cadera porque teme que cuando le den el alta no pueda volver a su casa de la calle Patricio Sáenz para recuperarse.

Por eso, pide al nuevo propietario, que, de momento, no parece dispuesto a negociar con ella, que no la deje en la calle y le permita un alquiler al que ella pueda hacer frente.

 Rosario ha llegado a esta situación porque la familia pidió en su día un préstamo para un negocio familiar. Como su hijo, por edad, tenía más posibilidades de recibir más dinero, firmaron una hipoteca a su nombre, con lo que el piso paso a él y su esposa en gananciales.

El negocio familiar quebró, y el piso quedó en manos del banco, aunque antes, su hijo había hecho un contrato de alquiler a sus padres para que siguiesen en la casa.

La notificación que encontró Rosario bajo su puerta estaba dirigida a su hijo y su nuera. En ella un juzgado de Sevilla le informaba de la orden de desahucio y le aconsejaba acudir a los Servicios Sociales municipales para buscar una alternativa.

Rosario subió a la tercera planta de su bloque, donde vive Alberto de Lara, su abogado, y le pidió ayuda. “Conseguimos suspender el primer desahucio en diciembre del año pasado, y se abrió una expectativa procesal, acreditando su situación de extrema vulnerabilidad, que sin embargo, no ha sido tenida en consideración”, explica el letrado.

Su esperanza está puesta en los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros esta semana. Mientras, Servicios Sociales ha acreditado que su vulnerabilidad se acrecienta porque “su avanzada edad le imposibilita acceder a un contrato de alquiler en el mercado libre”.

Rosario recibe cada mes recibe 553 euros. “Me ducho con agua fría para no gastar gas, no pongo el aire acondicionado…”, dice.

 Su abogado aportó al juzgado el contrato de arrendamiento firmado en mayo de 2015 con su hijo y su nuera como arrendadores, pero el juez dictaminó que, al tener más de cinco años de antigüedad, el nuevo propietario podía no asumir la renovación anual que se realiza a partir del quinto año.

Ahora teme recibir la comunicación que termine echándola a la calle.

 El nuevo propietario compró la casa sin verla, de modo que tanto ella como su abogado creen que no quiere vivir en el piso, sino explotarlo como apartamento turístico.

Rosario le pide que negocie con ella un alquiler adecuado a su economía, para que ella no se vea en la calle y pueda seguir viviendo en el barrio en el que nació. EFE

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