Expertos discrepan de la constitucionalidad de los decretos: la clave está en los cambios

Madrid, 6 oct (EFE).- Expertos constitucionalistas consultados por EFE discrepan acerca de si los decretos-ley sobre vivienda aprobados este martes cuentan con garantía de constitucionalidad por remitirse a la Diputación Permanente siendo similares a los que hizo decaer el Pleno del Congreso, y coinciden en que una cuestión clave es conocer si los cambios introducidos esta semana son sustanciales.

Antes de publicarse los decretos-ley recién aprobados, Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, advierte de que "si son sustancialmente diferentes" a los que el Pleno no convalidó, "no hay ningún problema", por lo que "hay que ver la entidad de las diferencias".

De esta forma, alerta de que lo que no podría hacerse es "utilizar la Diputación Permanente para conseguir lo que no se ha conseguido en el Pleno".

Máxime si el motivo es que el voto de Junts deja de ser decisivo, por un defecto de proporcionalidad en esta legislatura, debido a que ha habido más grupos parlamentarios que en otras.

El Gobierno no debería poderse aprovechar de esa ventaja y tampoco debiera permitirlo la Mesa del Congreso, sin necesidad de llegar al Tribunal Constitucional (TC), a juicio de Urías.

Otro catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Presno Linera, de la Universidad de Oviedo, apunta también como clave que los decretos-ley de esta semana difieran de los de la anterior, pero desde otro punto de vista.

En opinión de Presno, lo importante para que un Gobierno pueda aprobar un decreto-ley en vez de iniciar el trámite ordinario del proyecto de ley es fijarse en si hay urgente necesidad.

Así, si los textos de esta semana y los de la anterior se asemejaran sería más difícil justificar la necesidad, al igual que en normas con medidas sobre vivienda ya de por sí es complicado motivar que son urgentes para no tramitarlas como proyecto, aunque, apunta, hay un precedente aceptado por el TC.

En cualquier caso, respecto a si es constitucional remitirlo cuando se han convocado elecciones, para que los tenga que convalidar la Diputación Permanente, Presno está convencido de que "la Constitución no lo prohíbe".

Admite que puede ser "criticable como oportunismo político", pero sin que esté prohibido en la Constitución ni haya jurisprudencia al respecto.

"Forma parte del juego político", cree Presno, y añade: "No todo lo que es censurable políticamente se convierte en inconstitucional".

Entiende que otros juristas consideren que se daría un "fraude constitucional", pero explica que este no existe como tal, porque no está recogido jurídicamente.

Y, en su opinión, no cabe hacer un paralelismo con el fraude de ley que recoge el Código Civil, pues está referido a normas con rango inferior y la Constitución se mueve en otros parámetros.

En este aspecto coincide con Urías, quien también cree que "fraude constitucional es un concepto que no existe".

Sin embargo, mientras Presno está convencido de la constitucionalidad de los decretos-ley remitidos a la Diputación Permanente, porque ningún artículo de la Carta Magna lo prohíbe expresamente, Urías señala que "los preceptos de la Constitución no pueden ser interpretados para lo contrario de lo que se aprobaron".

Y lo expone en sentido contrario: "Entre las funciones de la Diputación Permanente no está la convalidación de lo que el Pleno no convalidó".

Por eso mismo, incide en que habrá que dilucidar "cómo de iguales son" los textos aprobados este martes en el Consejo de Ministros respecto a los de la semana anterior, porque si fueran suficientemente parecidos cree que no pasan el filtro de constitucionalidad. EFE