Madrid, 6 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado la tramitación administrativa urgente del real decreto para regular la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo y el comité clínico que interviene en el supuesto de causas médicas, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Igualdad.
El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes el inicio de esa tramitación de manera urgente pero el real decreto tendrá que aprobarse en otra reunión del Consejo y no necesitará ser convalidado en el Parlamento.
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El objetivo de este real decreto, según explica Igualdad, es adaptar el desarrollo reglamentario y establecer un marco jurídico que asegure que todas las mujeres que ejercen su derecho a abortar reciban, "con independencia del territorio en el que vivan, una información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente, como presupuesto necesario para adoptar una decisión libre e informada".
La ley del aborto de 2023 establece que se tiene que diferenciar entre la información obligatoria y la información voluntaria que reciben las mujeres, señala el departamento que dirige Ana Redondo.
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En este sentido, subraya que la información obligatoria debe proporcionarse en todos los supuestos de aborto, mientras que la voluntaria solo se trasladará a petición de la mujer embarazada. Así, se informará sobre la intervención, los métodos, centros sanitarios públicos y privados acreditados, trámites necesarios, derechos de las mujeres durante el proceso asistencial, etc.
El borrador del proyecto de real decreto indica que debe informarse de manera específica sobre los métodos quirúrgico y farmacológico y aclara que "no cabe establecer preferencia, prevalencia o prioridad alguna entre ellos, salvo la que pudiera derivarse de las circunstancias clínicas".
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Asimismo, el texto contempla que, en el caso de procederse a la interrupción del embarazo después de las catorce semanas de gestación por causas médicas, deberá incluirse información sobre los distintos procedimientos posibles.
Antes de dar su consentimiento, la mujer deberá conocer la naturaleza, los riesgos y las consecuencias de cada intervención. La información sobre anticoncepción, sexo seguro, asesoramiento, ayudas públicas y derechos laborales será voluntaria y sólo se facilitará si la mujer la solicita y nunca será un requisito para acceder al aborto.
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Además, el borrador recoge que la información facilitada debe ser "verdadera, objetiva, clara, comprensible y adecuada a las necesidades y circunstancias" de la mujer. Se prestará especial atención al acceso a esa información de menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.
En relación con el comité clínico que interviene en el supuesto de aborto por causas médicas, el texto incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tanto de titulares como suplentes, "salvo por razones fundadas y objetivas".
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No podrán formar parte del comité quienes estén inscritos en el registro de objetores, ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años, y quienes lo integren deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos, respetando principios como dignidad, autonomía, igualdad, no discriminación y accesibilidad.
El dictamen de esos comités se emitirá por escrito y contendrá el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinados, la valoración clínica, la conclusión y las razones clínicas sobre la confirmación; y se comunicará a la mujer "de forma verdadera, comprensible y adecuada a sus necesidades. EFE
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