Un teniente general de la Guardia Civil, por primera vez a juicio por el 'caso Cuarteles'

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este lunes el juicio del denominado 'caso Cuarteles', una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras de mejora en instalaciones de la Guardia Civil y que sienta por primera vez en el banquillo a un teniente general ya retirado del Instituto Armado en España.

La Fiscalía de Madrid solicita para él un año de prisión por un delito de cohecho al considerar que se valió de su posición para recomendar a un amigo como contratista de obras de mejora en fachadas de distintas comandancias de la Guardia Civil.

Junto al teniente general es juzgado A. R. T., administrador de tres empresas que resultaron adjudicatarias de los trabajos y para quien el Ministerio Público reclama igualmente un año de prisión por cohecho.

En la primera sesión ha tenido lugar la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos y la exposición previa de las alegaciones de las partes. El juicio se prolongará durante varias semanas.

La causa se inició a raíz de una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil después de que se recibiera un escrito anónimo que puso bajo sospecha la contratación de estos trabajos y la relación entre el entonces mando de la Guardia Civil y el empresario, informan a Europa Press fuentes jurídicas.

El procedimiento llega ahora a juicio después de una investigación en la que se han analizado las actuaciones del teniente general y del contratista en relación con las obras y los pagos realizados por las distintas comandancias.

Las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han adherido a la petición de la Fiscalía y reclaman igualmente un año de prisión para los dos acusados. Por su parte, la defensas sostienen la absolución de ambos y niegan los hechos y la existencia del delito de cohecho.

Desde AUGC subrayan que este juicio afecta de lleno a la plantilla, ya que "miles de guardias civiles y sus familias conviven a diario con humedades, goteras e instalaciones envejecidas, y cada euro que presuntamente se desvía de su finalidad es un euro que no llega a esas dependencias". "Los primeros perjudicados son los propios agentes y la ciudadanía a la que sirven", señala la asociación.

FINANCIACIÓN PARA OBRAS DE MEJORA

La acusación sostiene que el teniente general, que tenía capacidad para descentralizar créditos destinados a gastos de la organización periférica de la Guardia Civil, se habría dirigido entre octubre y noviembre de 2016 a distintas comandancias para ofrecerles financiación para ejecutar obras de pintura y mejora de los cuarteles.

Al mismo tiempo, habría propuesto como contratista a A. R. T., una persona de su confianza que, según trasladaba, estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, el denominado corcho proyectado, destinado a solucionar problemas de humedades en las fachadas.

Según el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, además de la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos, aceptaron la propuesta.

Las empresas administradas por el segundo acusado facturaron entre noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por los trabajos realizados en las distintas instalaciones de la Guardia Civil.

La Fiscalía sostiene que "muchas de estas obras" fueron ejecutadas de forma "inadecuada", ya que el contratista carecía de la técnica necesaria para la colocación del corcho proyectado, lo que habría ocasionado un "gran perjuicio" al Instituto Armado.

El juicio permitirá determinar si la actuación del teniente general constituyó una utilización de su posición dentro de la Guardia Civil para favorecer al empresario y si las contrataciones y obras realizadas en los diferentes acuartelamientos se llevaron a cabo conforme a la legalidad.