La fiscal pide 4 años de cárcel para 2 consejeros de Gallardón y otros 17 acusados de Lezo

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Madrid, 5 oct (EFE).- La fiscal ha pedido en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP cuatro años y medio de prisión para los 19 acusados, entre ellos dos consejeros de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por supuesta malversación de caudales públicos en su gestión en Canal de Isabel II en 2001.

De esta forma ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, por lo que también ha reducido su solicitud de inhabilitación para los acusados, que ha dejado en 11 años (antes entre 12 y 15), y ha reclamado que indemnicen a Canal de Isabel II en al menos 19 millones de euros.

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La vista que celebra la Audiencia Nacional se sigue por la compra en 2001 por parte de Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, que a juicio de la fiscal se ejecutó de forma irregular con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte, junto con otros nueve procesados, del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad-, y también se sientan en el banquillo tres excargos de esta empresa pública madrileña.

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La fiscal ha expuesto que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de INASSA por 73 millones de dólares.

Ha añadido que, "contrariamente a lo autorizado", se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la dominicana WATCO S.A..

La representante de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo justificado y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Ha precisado que cinco de los acusados habían sido ejecutivos de la sociedad Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR), a través de la cual se vincularon profesionalmente con la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), que era el principal activo de INASSA.

Estos cinco acusados se repartieron más de nueve millones de euros fruto de la operación mientras que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue su destino final, ha mantenido la fiscal.

El abogado de la Comunidad de Madrid ha pedido que los acusados paguen una indemnización conjunta de cerca de 30 millones de euros y ha advertido de que "hicieron pasar a Canal de Isabel II por un paraíso fiscal", en referencia a Panamá, país que en la época de los hechos era considerado como tal.

"Rogaría el dictado de una sentencia condenatoria que suponga un listón referencial y un ejemplo de cara a venideros tiempos sobre la necesidad de salvaguardar en las operaciones el dinero de la Comunidad de Madrid", ha concluido.

La letrada del PSOE ha retirado la acusación para los entonces miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II a excepción de Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera.

Las defensas han pedido la absolución de los acusados, que han proclamado su inocencia.

El principal acusado del caso Lezo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y vicepresidente en la etapa del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, que estuvo en prisión provisional unos seis meses tras ser detenido en 2017, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas de la causa. EFE

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