La Audiencia Nacional reforzará la Sala de lo Contencioso-Administrativo para afrontar un "previsible incremento" de procedimientos de protección internacional derivados de la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, ocurrida a finales del pasado mes de julio.
En una nota, el tribunal informa del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a propuesta del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Fernando Ruiz Piñeiro, que propone la creación de una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, de los 43 magistrados que conforman la Sala.
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Los magistrados abordarán los asuntos relacionados con la protección internacional, tanto los de tramitación ordinaria como los urgentes de medidas cautelares. Con el refuerzo, las ocho secciones de esta Sala permanecerán en un sistema de guardia permanente para asumir de forma coordinada y equilibrada la entrada de nuevos procedimientos relacionados con la protección internacional, según la Audiencia Nacional.
La Sala de Gobierno ha dado traslado del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes "para que adopten cuantas medidas sean necesarias para la implementación del plan de refuerzo con carácter de urgencia", indica el tribunal.
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El acuerdo incluye una dotación de funcionarios y letrados de la administración de la justicia (LAJ) suficientes para "atender el exceso de volumen de entrada y rapidez de las resoluciones, así como un refuerzo en la oficina de registro y reparto para atender el previsible incremento del volumen de asuntos", manifiesta.
"La principal preocupación se centra en la resolución de las medidas cautelares vinculadas a las solicitudes de protección internacional, cuya tramitación exige decisiones judiciales en plazos especialmente breves conforme al marco normativo europeo vigente", argumenta la Audiencia.
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Según el acuerdo, los magistrados "son conscientes del reto al que se enfrentan, del número de horas extraordinarias que tendrán que dedicar a la protección internacional, de la perentoriedad de la respuesta que requieren estos asuntos y de la necesidad de tratarlos de forma individualizada y con unificación de criterios".
Así, los miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo manifiestan que "se trata de una situación temporal y excepcional, de interés nacional y por tanto su disponibilidad es absoluta". "La sociedad española espera una respuesta coordinada de sus instituciones esenciales", remata.
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