Desahucian a Maricarmen del piso de Madrid en el que residía desde hace 70 años, arropada por cientos de personas

La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se han congregado en las últimas horas cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.

Sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

"Hoy se ha consumado lo que no esperábamos", ha lamentado una portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien ha recordado en declaraciones a los medios que la mujer "nunca jamás" ha dejado de pagar el alquiler y que "lo único que quería era morirse en su casa tranquila".

La portavoz ha cargado además contra el Gobierno autonómico. "Nuestra región, Madrid, está gobernada por y para los especuladores, por y para los fondos buitre, para el lucro de unos acaparadores que destrozan nuestras vidas, como la de Maricarmen", ha denunciado.

Vecinos y activistas habían pasado la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir este cuarto intento de desahucio. En la vigilia estuvieron presentes, entre otras personalidades del mundo de la cultura, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.

"Os doy las gracias por ese ejercicio que estáis haciendo toda esta noche durmiendo en la calle. (...) Os recuerdo mucho y sigo oyendo todo vuestro ruido. Por favor seguid, pero no os hagáis daño unos a otros", trasladó Maricarmen a los presentes.

Durante la mañana, alrededor de un centenar de personas continuaba en el lugar. Los manifestantes han coreado consignas como "Gobierno progresista, hipócrita y rentista", "Para Maricarmen, el ático de Ayuso", "Podría ser tu madre o tu abuela" o "Maricarmen, no estás sola". Algunos han mostrado a los agentes desplegados vídeos de la mujer.

PERÍMETRO POLICIAL

La Policía ha establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio, con decenas de agentes y cerca de una decena de vehículos, además de efectivos de Samur Social. Una línea policial ha impedido el acceso a la zona.

En un primer momento, los agentes tampoco han permitido a los medios de comunicación entrar en el interior del cordón. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que, ante la afluencia de personas, se había priorizado la seguridad, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía trasladó al mando del dispositivo que los periodistas pudieran trabajar dentro del perímetro.

Por su parte, la Delegación del Gobierno se ha desmarcado del operativo y ha señalado que la Policía ha actuado bajo mandato de la comisión judicial. También ha asegurado que no dio "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa y ha expresado su oposición al desahucio.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y EMPUJONES

La comisión judicial ha llegado a las 9.30 horas. Durante las horas posteriores se han producido momentos de tensión y empujones, seguidos de una situación de "calma tensa" y enfrentamientos puntuales que han desembocado en alguna carga policial.

Los agentes han retirado después a las personas que permanecían sentadas pacíficamente frente al portal. Una vez despejado el acceso, la puerta de entrada al edificio ha sido abierta con un ariete para acceder al inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche.

En los últimos momentos antes del lanzamiento, Samur ha subido hasta la vivienda. En el interior permanecían junto a Maricarmen únicamente allegados y cuatro integrantes del Sindicato de Inquilinas.

La organización había denunciado en redes sociales que la propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Según había informado, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", había criticado el sindicato antes de que se consumara el desahucio.

LA PROPIEDAD RECHAZÓ APLAZAR EL LANZAMIENTO

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado que la defensa negoció durante alrededor de una hora con la comisión judicial y con una procuradora de la propiedad, que rechazó suspender el lanzamiento pese a existir un escrito pendiente de resolución en el juzgado.

Según Duro, se alegaron razones humanitarias, la oferta de la donante anónima y la coordinación de las administraciones para encontrar una alternativa habitacional. También se solicitó un aplazamiento de entre quince días y un mes para que Maricarmen pudiera abandonar la vivienda de forma "digna" y retirar sus pertenencias, pero ninguna de estas propuestas fue aceptada.

"Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora ni de dos para sacar sus cosas más personales", ha lamentado la letrada, quien ha recalcado que Maricarmen "nunca ha dejado de pagar la renta" y que la propiedad llevaba meses rechazando los acuerdos planteados por su representación legal.

RODRÍGUEZ PIDE APROBAR LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este miércoles, en declaraciones a los medios en el Congreso, que el Gobierno ha llevado en tres ocasiones al Parlamento durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, pero que la moratoria fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

Rodríguez ha señalado que hay sobre la mesa otra propuesta y ha urgido a lso grupos parlamentarios a aprobarla "lo antes posible" para "paralizar para siempre los desahucios".

El Sindicato de Inquilinas ha reprochado, por su parte, al Gobierno y a la ministra que no hayan impedido el desahucio y que utilicen el caso de Maricarmen para responsabilizar únicamente al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio había criticado previamente a la Comunidad por no haber ofrecido un complemento de rentas para asumir el alquiler. También contra el Ayuntamiento, por no haberse pronunciado sobre la vulnerabilidad de Maricarmen "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa". Fuentes municipales han rechazado estas acusaciones y han asegurado que los servicios sociales emitieron el informe en octubre de 2025.

El Consistorio sostiene que Maricarmen es usuaria de diferentes prestaciones municipales y que se pusieron a su disposición distintos recursos de alojamiento que ella rechazó. Entre las alternativas planteadas, según el Sindicato, figuraba una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros, una cantidad inasumible para su pensión.

CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija.

Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor.

Este era su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos, trató de incrementar su alquiler un 275%.

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado distintas propuestas para resolver el conflicto. Sin embargo, sostiene que ninguna institución ofreció una alternativa que permitiera a Maricarmen permanecer en su casa.