Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno ha autorizado la continuación por la vía judicial de la solicitud remitida por Estados Unidos para extraditar a James 'Fergie' Cox Chambers Jr., acusado por las autoridades norteamericanas de financiar al grupo terrorista Hamás, y ha pedido "dejar trabajar" a la Audiencia Nacional para estudiar el caso.
Se trata de una decisión "puramente procedimental" por la que la petición de extradición ahora entra en "otra fase", en la que será estudiada "con todas las garantías" por la Audiencia Nacional, según ha informado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
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Ante la pregunta de si Chambers Jr podría ser víctima de una persecución política por parte del Gobierno de Donald Trump por su apoyo a Palestina y si esto justificaría la negativa a su extradición, la portavoz ha pedido "dejar trabajar a la Audiencia Nacional y a la defensa de Chambers", y ha indicado que cuando este órgano dicte su resolución, "se adoptará una decisión definitiva" por el Ejecutivo.
Chambers, a quien defiende el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia e ingresó en prisión tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás y le atribuye presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa bajo secreto, según informó el despacho de abogados que le asiste, ILOCAD.
El filántropo y activista de izquierdas es miembro de una las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, y en los últimos años Chambers Jr ha apoyado distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza, indicaron sus abogados.
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Chambers, añadían, rechaza las acusaciones y defenderá ante los tribunales españoles que las actividades por las que está siendo investigado no tienen ningún contenido penal y se ubican exclusivamente en su actividad filantrópica de apoyo a iniciativas humanitarias.
Según la ley de Extradición Pasiva, cuando el Gobierno acuerda continuar el procedimiento en vía judicial, el caso pasa a manos de un juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, que ordenará la comparecencia del reclamado para que comunique si quiere o no ser entregado.
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Después, es una sala de la sección de lo Penal la encargada de celebrar una vista de extradición, en la que también interviene la Fiscalía, para más tarde dictar una resolución.
Si el tribunal rechaza la extradición, esta resolución es definitiva, si bien si la declara procedente, esta decisión no es vinculante para el Gobierno, "que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional". EFE
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