
El Ministerio del Interior acordó reforzar temporalmente las medidas de protección marítima del Puerto de Ceuta al detectar que la instalación del campamento para atender a los migrantes que accedieron a la ciudad a finales de julio implicaba un "incremento de los riesgos" de una infraestructura crítica y sensible.
Así consta en un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que detalla que con fecha de 5 de septiembre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había autorizado el uso de 16.000 metros cuadrados para la instalación del campamento para migrantes, una medida temporal que fue paralizada por la Audiencia Nacional este jueves tras el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
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"La ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para la instalación de infraestructuras destinadas a la acogida de un elevado número de personas altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto, incrementando los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias que se desarrollan en el recinto", apuntaba dicho oficio del Ministerio del Interior.
Por este motivo, se acordaba "reforzar temporalmente" las medidas de protección marítima previstas en el Plan de Protección del Puerto de Ceuta mediante la activación del Nivel 2, según consta en el escrito de elevación del nivel de protección del Puerto de Ceuta -con fecha 8 de septiembre-, que se remitió al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, al presidente del Ente Público Puertos del Estado y al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
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La decisión la adoptó en virtud del Real Decreto 617/2007 que atribuye al Ministerio del Interior la competencia para establecer los niveles de protección marítima a adoptar por los puertos y las instalaciones portuarias, así como para determinar las medidas complementarias que, en su caso, deban implantarse, cuando se activen los niveles de protección marítima 2 y 3.
OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Por este motivo, Interior señalaba que debían adoptarse, además, otras "medidas complementarias" como declarar toda la superficie ocupada para la acogida temporal de personas migrantes como "área segregada de protección reforzada", procediendo a su delimitación física mediante cerramiento perimetral controlado, garantizando la separación efectiva entre la zona humanitaria, las áreas operativas portuarias y las zonas de embarque y desembarque.
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La Secretaría de Estado de Seguridad también reclamaba presencia permanente de Policía Portuaria en las zonas de atraque, embarque y desembarque de los buques de pasaje y ferris, así como en las rampas de acceso a los buques y áreas de preembarque.
Otra medida complementaria era "intensificar" los controles de acceso de personas y vehículos en los puntos de entrada al recinto portuario, incluyendo la realización de inspecciones reforzadas de vehículos y controles aleatorios adicionales sobre pasajeros, equipajes y mercancías cuando resulte necesario.
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El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska también solicitaba una "monitorización específica mediante CCTV" --en referencia al sistema de videovigilancia-- del área de acogida temporal, cerramientos perimetrales y zonas operativas colindantes.
EL GOBIERNO ADMITE SU SORPRESA Y PIDE CELERIDAD
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido su "sorpresa" después de que la Audiencia Nacional haya paralizado la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y ha mostrado sus dudas de que haya alternativas si finalmente se suspende. "A ver qué hacemos", ha llegado a plantear.
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Puente ha explicado que su departamento recibió una notificación de la Audiencia Nacional a unas 24 horas de trasladar a los inmigrantes al Puerto de Ceuta y ha reclamado a la justicia que actúe con celeridad para poder atender a la crisis humanitaria tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio.
El SUP pidió paralizar la instalación del campamento atendiendo a posibles riesgos en la prevención de incendios y emergencias, así como desde el punto de vista de la protección portuaria y de seguridad de las instalaciones que tendrían que asumir funcionarios de la Policía Nacional.
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En este sentido, el SUP recordaba que su preocupación no se dirigía, en modo alguno, a la atención humanitaria que corresponde dispensar a las personas acogidas por las Administraciones Públicas, sino exclusivamente a la idoneidad técnica y de seguridad del emplazamiento elegido.
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