El plazo de alegaciones al Real Decreto de centros de datos finaliza con dudas y críticas

Madrid, 10 sep (EFE).- Este jueves ha finalizado el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos, una norma que ha despertado dudas y críticas en organizaciones ecologistas, patronales y autonomías.

El proyecto establece, como principales requisitos, la Categoría A de eficiencia energética e hídrica conforme al reglamento europeo (en vigor a partir de agosto de 2027) y que al menos el 80 % de la electricidad consumida por hora proceda de fuentes renovables generadas durante esa misma hora.

La propuesta vincula el cumplimiento de estos requisitos al acceso de los centros de datos a la red eléctrica española y establece obligaciones particulares de transparencia para instalaciones de más de 500 KW y 1 MW.

La iniciativa española se enmarca en la carrera europea por ampliar estas infraestructuras, después de que el pasado mes de junio la Comisión Europea presentara la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial (CADA, por sus siglas en inglés).

Esta propuesta de reglamento plantea triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5-7 años, al tiempo que propone simplificar los procedimientos para su instalación y facilitar el acceso a recursos estratégicos, entre ellos la energía, el suelo o el agua.

Las organizaciones ecologistas han reclamado durante el periodo de consulta una planificación que tenga en cuenta los límites territoriales y ambientales de estas instalaciones, en particular su demanda de electricidad y agua y los efectos sobre la biodiversidad.

La organización SEO/BirdLife ha advertido de que la expansión de los centros de datos exige conocer su demanda real de agua y su procedencia, especialmente en un escenario de sequías más frecuentes y de mayor presión sobre los recursos hídricos.

"No podemos asumir que cualquier territorio pueda albergar un número ilimitado de centros de datos porque exista demanda digital. Detrás de la nube hay suelo, agua y energía, y esos recursos tienen límites", señala la técnica del Área de Gobernanza de la organización Begoña Valero.

Las patronales renovables APPA Renovables y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han pedido flexibilizar el requisito de correlación horaria de la electricidad renovable.

Ambas asociaciones estiman que los requisitos planteados podrían encarecer el sistema, generar ineficiencias y dificultar el despliegue de los centros de datos, y han planteado algunas modificaciones.

"Estamos completamente a favor de que los centros de datos consuman electricidad renovable. De hecho, proponemos elevar el objetivo del 80 % al 100 %. Lo que pedimos es que el consumo renovable se acredite mediante una correlación anual que permita aprovechar la electricidad limpia que el sistema ya está desperdiciando", declara José María González Moya, director general de APPA Renovables.

Por su parte, AEE cree imprescindible acelerar el despliegue eólico para acompañar el crecimiento de esta nueva demanda y evitar que se incremente el precio de la electricidad, sobre todo en las horas nocturnas, las de mayor consumo doméstico.

El proyecto de Real Decreto no se ha librado de las críticas y la Comunidad de Madrid lo ha rechazado por considerar que "frenará la inversión" y "restará competitividad" a España.

Según fuentes de la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior, "no resulta viable tal como está propuesto", por lo que ha exigido que sea "retirado y reformulado sustancialmente".

También Aragón denunció que el decreto cambiaba las reglas del juego sin diálogo previo y advirtió de inseguridad jurídica, mientras que Andalucía calificaba algunas exigencias de “restricciones inasumibles”.

Por último, la asociación MACROrenovablesNo, con más de 450 entidades colaboradoras, ha reclamado que no se han atendido sus peticiones y ha lamentado que una infraestructura "tan relevante" que involucra "el consumo eléctrico del Estado, no se planifique al detalle y que sus costes no se informen de manera transparente". EFE