Un consultor alerta de conflictos en el espacio si no se aprueban leyes específicas

Oviedo, 7 ago (EFE).- Cuando estados y compañías comiencen a establecer bases y a explotar el espacio se producirán situaciones de conflicto "que podrán escalar con facilidad" si previamente no hay una voluntad política clara para desarrollar una legislación específica para ese ámbito, ha advertido a EFE el abogado y consultor espacial Rafael Harillo.

Harillo, fundador de la consultora legal Stardust Consulting y que participa en Oviedo en el congreso internacional 'The Many Pathways to Space' que se clausura este viernes, ha señalado que los conflictos estratégicos entre países de la ONU impiden que exista esa necesaria voluntad para llegar a acuerdos que cumplan con el Tratado del Espacio Exterior, concebido en 1967 como una suerte de "constitución del espacio".

En el espacio "hay mucho factor geopolítico y económico" y "la realidad ha empezado a acelerar mucho más que los acuerdos", con lo cual "hay un germen de conflicto" que si no se regula antes de estallar "puede dar lugar a situaciones no deseadas", ha señalado en una entrevista con EFE.

Aunque Harillo confía en "la formación" y en los "estándares amistosos" de los astronautas, ha destacado que el acceso al espacio se ampliará en algún momento y que "ya son varios los países que disponen de fuerzas espaciales con capacidad no solo para dar protección a sus nacionales, sino también para impedir el acceso a recursos a potenciales adversarios".

Uno de los temas que atraviesa la programación de 'The Many Pathways to Space' es el establecimiento de bases permanentes en lugares como la Luna, pero el desarrollo de esta idea trae consigo varias preguntas legales, como de quién es la Luna.

"Según los tratados internacionales, la Luna es de todos" ha explicado Harillo, pero "ahí es donde vienen los matices".

El abogado ha afirmado que "esto no funciona ni funcionará como en el siglo XVI" y que nadie se podrá apropiar de forma soberana de un cuerpo celeste por lo que ha pedido que se establezca algún régimen de explotación de recursos naturales en el espacio.

Una de sus propuestas es emplear un modelo "parecido al de las concesiones administrativas en la Tierra" que, en su opinión, debería controlar la Oficina de la ONU para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA, por sus siglas en inglés).

Para Harillo esta sería una manera de "balancear" el Tratado de la Luna, aprobado por la ONU en 1979 y que hablaba de dar un uso al satélite "en beneficio de la humanidad" y no establecía ninguna regulación que garantizase "mayores beneficios" a las entidades que invirtieran en la explotación del satélite, lo que según el abogado alejó a los estados con capacidad espacial del acuerdo, ratificado hasta ahora solo por 16 países entre los que no se cuentan ni China ni Estados Unidos.

Los Acuerdos Artemisa, impulsados por Estados Unidos, y los tratados de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS, por sus siglas en inglés), impulsados por China y Rusia, son dos pactos que "reúnen casi a 100 países" entre ambos y que "muestran la evidencia" de que muchos estados desean actualizar las normas internacionales al contexto del espacio, según Harillo.

El abogado ha asegurado que estos acuerdos son "una recopilación" de "los grandes principios" planteados por la ONU con nuevas regulaciones sobre el uso de recursos naturales en el espacio o la declaración de zonas de seguridad en caso de conflicto con otros países. EFE

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