Vox y PP piden a Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena al hermano de Sánchez

Vox y PP han pedido al Tribunal de Cuentas que investigue por responsabilidad contable a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa por la plaza que se le concedió de manera irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.

En sendas denuncias, a las que ha tenido acceso Europa Press, ambos partidos instan a que el órgano fiscalizador abra actuaciones previas y reclame información a la Diputación de Badajoz.

Por un lado, Vox quiere que se pida "información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas" por los contratos llevados a juicio, "incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos".

La formación de Santiago Abascal señala que hay "indicios racionales" de que las cantidades abonadas por la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez con cargo a fondos públicos ascendieron a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.

"Este es un saldo deudor injustificado en las cuentas de dicha entidad, en la medida en que los puestos de trabajo habría sido creado y provisto de forma irregular y la persona perceptora no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones inherentes al mismo. Por tanto, es susceptible de generar responsabilidad contable para el propio perceptor y para quienes autorizaron, ordenaron o no impidieron dichos pagos", indica.

Además, pone el foco en que es "igualmente procedente" que el Tribunal de Cuentas recabe de la Diputación de Badajoz información sobre las retribuciones percibidas por Luis María Carrero, que fue asesor en la Presidencia del Gobierno y después tuvo un puesto en la institución pacense.

Vox apunta que en la documentación aportada no consta informe sobre las retribuciones percibidas ni sobre las funciones efectivamente desempeñadas por Carrero en dicho puesto, "a diferencia de lo sí documentado respecto de David Sánchez".

Quiere "esclarecer si dichas cantidades guardan la debida correspondencia con una prestación de servicios efectiva o si, por el contrario, pudieran constituir un saldo deudor injustificado (alcance) susceptible de generar responsabilidad contable".

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS DE "MENOSCABO"

Por otro lado, el PP quiere que se requiera a la Diputación de Badajoz para que entregue expedientes de creación, provisión y modificación de los puestos de Sánchez y Carrero, contratos, nóminas o indemnizaciones, y que detalle los medios puestos a su disposición.

También interesa que se practique liquidación provisional del alcance y que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados, así como "a cualesquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando las responsabilidades contables directas y subsidiarias".

Ello para que, una vez determinado el alcance, "se ejerciten las acciones de responsabilidad contable frente a quienes resulten responsables, con reintegro de cantidades e intereses".

Los 'populares' señalan que "concurren indiciariamente la condición de gestores de fondos públicos, conducta contraria a la normativa presupuestaria y de personal, daño económicamente evaluable; y relación de causalidad", a la vez que subrayan que la jurisdicción contable es autónoma y compatible con la penal, "sin que el resultado penal impida exigir la responsabilidad contable por los mismos hechos".

Sin perjuicio de la liquidación que corresponda al Tribunal de Cuentas, estiman de forma "provisional, orientativa y no vinculante" que el cargo de Sánchez como "coordinador/jefe de la Oficina de Artes Escénicas" supuso 416.798,82 euros en retribuciones, mientras que el de Carrero como "jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas" llegó a 113.200,76 euros, derivando en un "menoscabo provisional" de casi 530.000 euros entre los dos.

Y apuntan que "la responsabilidad contable no se circunscribe al perceptor de las retribuciones, sino que alcanza a quienes, en el ejercicio de funciones de gestión, manejo o administración de fondos públicos, intervinieron en la creación, provisión, informe, aprobación, modificación o mantenimiento de las plazas".

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Sánchez y Carrero a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.