
La exigencia de empadronarse en la Comunidad de Madrid para acceder a la Tarjeta de Transporte de la región ha generado polémica. No es para menos. Tenerla o no tenerla implica el acceso a descuentos. Pero Borja Sémper no está de acuerdo con el revuelo ya que, en su opinión, se trata de una práctica extendida en otras regiones. El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular (PP) ha puesto como ejemplo su Guipúzcoa natal, donde rige un requisito idéntico para acceder al bono de transporte subvencionado.
La declaración de Sémper llega un día después de que la medida entrara en vigor este lunes 16 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). En una entrevista en Las mañanas de RNE, Sémper ha defendido que el concepto de “prioridad nacional” que el PP ha firmado con Vox en sus acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León responde a una lógica de reciprocidad: que los ciudadanos que han contribuido con su trabajo a un territorio sean los primeros en acceder a sus prestaciones públicas. “Da igual dónde hayas nacido. Da igual si eres francés, da igual el color de tu piel. Son requisitos de reciprocidad y de arraigo en el territorio“, ha indicado.
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El dirigente popular ha advertido además que España atraviesa un momento de incremento y envejecimiento de la población que obliga a replantear la sostenibilidad de los servicios públicos. “El transporte público cuesta mucho dinero”, ha afirmado, y ha llamado a introducir “elementos que lo hagan viable” y que “garanticen su funcionamiento y operatividad” en lo que calificó como un momento “de máxima tensión”. Sémper también apeló a tratar al electorado “como gente adulta”, con la convicción de que “los ciudadanos no son idiotas”.
Críticas de Renfe
La postura del PP contrasta con la reacción de Renfe, que el lunes emitió un comunicado en el que calificó la medida de “un error” adoptado “sin información ni consulta previa”. La compañía ferroviaria, que opera el servicio de Cercanías incluido en el abono de la Comunidad de Madrid, advirtió de que la exigencia de empadronamiento “introduce diferencias entre ciudadanos en el acceso al transporte público” y puede “afectar a la cohesión social y territorial”. Renfe recordó que sus propios títulos de transporte —como el abono mensual de 20 euros (10 euros para jóvenes)— no requieren acreditar el padrón y permiten viajar de forma ilimitada en todos los núcleos de Cercanías de España.
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Desde la oposición, Más Madrid ha exigido la retirada del requisito y acusó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de “usar la burocracia para excluir y hacer la vida más difícil” a miles de trabajadores. La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, alertó de que la medida afectará especialmente a personas migrantes que “encuentran trabas de todo tipo para empadronarse”.
La crítica ha llegado también desde el otro extremo, desde Vox. El portavoz nacional del partido, José María Fúster, ha acusado a Ayuso de “disfrazarse de Vox” con la medida, al recordar que la presidenta madrileña siempre ha defendido que en Madrid “nadie es extranjero”. “Pues ahora tiene que cabalgar esas contradicciones, a ver cómo lo hace”, zanjó Fúster.
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La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha defendido que la norma no introduce ninguna novedad, sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes (CRTM): que las bonificaciones financiadas con recursos públicos se destinen a los residentes de Madrid o de comunidades con convenio. La consejería ha precisado que el 94% de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad y los ayuntamientos madrileños, y que la medida solo afectará a un 3,4% de los usuarios, sin carácter retroactivo para quienes ya dispongan del abono. Ante las críticas, Ayuso anunció que su gobierno promoverá convenios con otras comunidades autónomas para que los estudiantes no empadronados puedan seguir accediendo al abono joven.
(Con información de Europa Press)
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