Un empresario declara ante el juez del caso Mascarillas de Almería que trabajó a pérdidas

Almería, 4 jun (EFE).- El empresario catalán Kilian López ha sostenido este jueves ante el juez que trabajó a pérdidas en las adjudicaciones y contratos investigados en el denominado caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la compra de material sanitario y en adjudicaciones de obras menores por parte de la Diputación de Almería.

López, principal adjudicatario de los contratos de material sanitario investigados y de diversas adjudicaciones de obra pública, ha comparecido desde Barcelona por videoconferencia ante el magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 6.

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, el empresario ha respondido únicamente a las preguntas de su defensa y ha circunscrito su intervención a la actividad de su constructora, Pulconal SL. Sobre el expediente original de las mascarillas (la mercantil Azor), se ha limitado a ratificar lo que ya declaró en su día ante el juez instructor.

En su declaración, López ha tratado de minimizar su papel como adjudicatario de la institución provincial. El empresario ha cifrado la facturación de su sociedad en obra civil en tan solo un 0,28 por ciento del volumen total adjudicado por el área de Fomento de la Diputación durante un periodo de cuatro años.

Para ilustrarlo, ha indicado que en ejercicios con un presupuesto de obras de 45 millones de euros, únicamente se le adjudicó un proyecto. Además, ha sostenido que estas obras, en su inmensa mayoría, le resultaron deficitarias y le supusieron pérdidas económicas, defendiendo al mismo tiempo que Pulconal tenía actividad real y no se limitaba a la mera subcontratación.

La primera sesión del juicio del caso Mascarillas ha deparado también alteraciones en el calendario. El exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, cuya citación estaba fijada para este viernes, ha adelantado su comparecencia a la jornada de hoy para hacerla coincidir con la de su esposa, la exconcejal de Huércal-Overa Ana Belén Martínez, evitando así un doble desplazamiento de su letrado, Pablo Luna, desde Granada.

Liria se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, una postura temporal a la espera de que el juzgado dé traslado a las partes de un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe debe contener el volcado de los teléfonos y ordenadores intervenidos en los registros de noviembre, momento en el que su defensa pedirá declarar de nuevo.

Por su parte, Ana Belén Martínez sí ha testificado para justificar la adquisición de un dúplex, asegurando que fue abonado con su propio dinero y que la trazabilidad de los fondos está plenamente acreditada, desvinculada de su marido. Su defensa ya ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ella al entender que la responsabilidad penal es personal.

A la sede judicial han acudido otros empresarios investigados. Asimismo, han declarado empresarios de Barcelona dedicados a la importación que han explicado que su papel se limitó a ofrecer un presupuesto a Kilian López que finalmente fue rechazado, desvinculando por completo de sus operaciones al actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, a quien han asegurado no conocer.

Estos comparecientes han descrito además el contexto caótico del mercado chino durante la pandemia, con una extrema volatilidad de precios en días y la necesidad de contratar seguridad para evitar robos de mercancía pagada.

Por otro lado, la jornada ha estado marcada por la suspensión de la declaración presencial del exvicepresidente provincial Fernando Giménez debido a problemas de salud de su abogado. El juzgado aún no ha proveído nueva fecha, aunque se baraja agruparla en la segunda tanda de interrogatorios a finales de mes.

A su salida, el abogado de la acusación popular en nombre del PSOE, Javier Salvador, junto al letrado José María Terrés, ha lamentado la estrategia de silencio de los investigados hacia el resto de las partes. Ante esta negativa, la acusación ha avanzado que solicitará nuevas diligencias paralelas y analizará "una cantidad ingente de documentación" para rastrear el destino del dinero público de las mascarillas. EFE

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