La Autoridad de Protección del Informante ha concedido protección a 32 personas en 9 meses

Madrid, 26 may (EFE).- El presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), Manuel Villoria, ha avanzado este martes que desde la puesta en marcha de esta institución se han concedido 32 certificados de protección a personas que han comunicado acciones que pueden constituir una infracción penal o administrativa grave o muy grave, así como conflictos de intereses o mala gestión.

Lo ha comunicado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la Memoria anual 2025 de la AIPI, organismo creado en septiembre del pasado año con el objetivo de ser un pilar institucional en la lucha contra la corrupción y el fraude y proteger a los informantes que den cuenta de este tipo de irregularidades.

Villoria ha señalado que en 2025, desde septiembre, se recibieron 174 comunicaciones o informaciones, de las que casi un tercio fueron anónimas.

En lo que va de 2026, hasta el 20 de mayo, la AIPI ha recibido otras 404 comunicaciones, de las que 74 siguen abiertas. De todas esas informaciones, 98 han dado lugar a una investigación, con lo que el 36 % han sido admitidas y un 64 % inadmitidas.

Además, ha señalado que el 15 % de las comunicaciones incluía una petición de protección por parte de las personas informantes.

En total, durante 2025 se concedieron 17 certificados de protección sobre 26 solicitudes. Mientras que este año se han otorgado otras 15 más, de las 43 solicitudes recibidas, con lo que en total son 32 las personas informantes protegidas.

El presidente de la AIPI ha destacado que en 5 casos se han iniciado actuaciones por posibles represalias o incumplimientos de la confidencialidad y otros requisitos establecidos en la ley.

De las 174 comunicaciones gestionadas en 2025, el 55 % se referían a acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, "lo que da idea del alcance y relevancia que pueden comprender estas informaciones".

A ello -ha explicado- posiblemente se podrían añadir algunos otros casos dudosos sobre conflictos de intereses o mala gestión.

El 26 % de las comunicaciones se refería al sector privado y otro 25 % al sector público estatal; un 9 % correspondió al sector público de las comunidades autónomas y otro 7 % al sector público local.

En el resto de las comunicaciones, el 33 %, no ha quedado registrado este dato porque la denuncia estaba fuera del marco de la ley o porque no se aportaba esta información al canal.

El 71 % de las comunicaciones fueron gestionadas directamente por la AIPI y el resto se derivó a las autoridades autonómicas.

Del total de comunicaciones e informaciones, el 31 de diciembre estaban prácticamente todas cerradas, y sólo quedaban 7 en investigación. En este sentido, Villoria ha destacado que el 98 % de los expedientes se ha cerrado en plazo.

En cuanto a los puntos de mejora, el presidente de la AIPI ha destacado la falta de apoyo financiero y psicológico a las personas informantes, previsto en la ley, lo que se debe a que la Autoridad carece aún de un presupuesto específico. EFE