Barcelona, 26 may (EFE).- El diputado de Vox Alberto Tarradas podría haber sido expulsado del pleno del Parlament e incluso suspendido temporalmente de sus funciones por decir que "de momento" no deportarían a la parlamentaria de ERC Najat Driouech, de origen marroquí.
Así lo señala el informe del letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, que apunta que hay poco margen para emprender acciones legales contra Tarradas, en virtud de la inviolabilidad parlamentaria, y que la Mesa del Parlament encargó a raíz de este suceso.
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Sin embargo, el letrado reconoce que son palabras "ofensivas" y "contrarias al decoro parlamentario", por lo que se podría haber actuado con las herramientas del reglamento y el código de conducta porque "la inviolabilidad no impide la aplicación de las normas internas de orden y disciplina parlamentaria".
"El carácter ofensivo e inconveniente al decoro podría haber fundamentado una llamada al orden y la expulsión o, incluso, la exclusión temporal del ejercicio de las funciones parlamentarias, teniendo en cuenta que las normas de orden están sometidas a la discrecionalidad de quien dirige el debate", afirma el informe, consultado por EFE.
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El presidente del Parlament (o quien esté ejerciendo sus funciones) puede expulsar y excluir de sus funciones a un diputado después de llamarle una cuarta vez al orden, según el reglamento de la cámara catalana.
Las conclusiones del texto fueron expuestas en la reunión de la Mesa del Parlament del 12 de mayo y el informe final fue publicado la semana pasada, aunque no había trascendido hasta este martes.
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Aunque en un primer momento la Mesa quiso encargar dos informes externos a expertos penalistas, fuentes parlamentarias han indicado este martes que finalmente se optará por escuchar la voz de otros juristas de la cámara. Según los estatutos del Parlament, a estos les corresponde "en exclusiva" la asistencia y asesoramiento a las labores parlamentarias.
El informe admite que hay "dudas razonables sobre si las manifestaciones" de Tarradas responden al "sentido y a la finalidad" de la libertad de expresión parlamentaria y a la prerrogativa de la inviolabilidad, por lo que la cámara catalana podría plantearse poner los hechos en conocimiento de la fiscalía.
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Ahora bien, el letrado advierte de las consecuencias que tendría esa decisión: "Una iniciativa del Parlament dirigida a promover una actuación penal podría comportar una delimitación judicial del alcance de la prerrogativa de la inviolabilidad respecto a uno de sus miembros, circunstancia de naturaleza institucionalmente excepcional", afirma.
Además, razona, habría que tener "presente que no se adoptó ninguna medida disciplinaria inmediata", y que la jurisprudencia se ha mostrado reacia a interpretaciones "expansivas" del derecho penal en el discurso político, pese a aceptar que la libertad de expresión no ampara el delito de odio.
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En el pleno del 30 de abril, Tarradas reivindicó el cántico "musulmán el que no bote" proferido semanas atrás durante el partido de fútbol entre España y Egipto y añadió, en referencia a Driouech: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento".
Cuando Tarradas pronunció esas palabras, por las que más tarde se disculpó, el vicepresidente segundo del Parlament, David Pérez, estaba presidiendo la sesión y le advirtió de que contravenían el código de conducta, pero no le llamó al orden ni aplicó ninguna medida disciplinaria.
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El informe sí que ve plenamente justificado mandar de oficio a Tarradas a la Comisión del Estatuto del Diputado, para que estudie si se ha vulnerado el Código de Conducta, lo que podría implicar una multa de 600 a 12.000 euros o la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria. EFE
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