Madrid, 18 may (EFE).- La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha pedido que se prohíban las visitas cuando existan indicios de maltrato hacia la madre para prevenir casos de violencia vicaria.
Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Estado en materia de violencia de género, la vocal del Poder Judicial ha incidido en la urgencia de que los sistemas informáticos de los juzgados de familia y los de violencia sobre la mujer estén coordinados para evitar casos de violencia vicaria.
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Carmona ha explicado que un juez de familia no puede consultar el sistema donde se anotan las órdenes de protección en los casos de violencia de género: "Un juez de familia debe saber si hay una orden de alejamiento y si hay una denuncia previa", y por ello ha instado a realizar reformas legales para que quede expresamente prohibido y no solo suspendido el régimen de visitas.
Ha explicado que se dan situaciones en los tribunales como la de que un juez de familia establece el régimen de visitas cuando otro juzgado había dictado una orden de alejamiento contra la madre y los hijos.
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Se ha mostrado partidaria de que en esos casos si ya hay un régimen de visitas vigente, se debería suspender y si no lo está, prohibirlo o no establecerlo.
La letrada de la administración de justicia en Sevilla ha argumentado que la violencia vicaria puede ser "prevenible" y ha incidido en que muchas mujeres no quieren abandonar el domicilio familiar por miedo a que el maltratador agreda a sus hijos: "Dicen que no quieren salir del domicilio porque mientras yo este allí, recibo los golpes. Si me voy, ¿quien protege a mis hijos?".
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Por ello, ha insistido en la necesidad de que las mujeres sepan que cuando denuncian, sus hijos van a estar protegidos. "El silencio de no denunciar puede venir de esa amenaza" que sienten de que se va a agredir a sus hijos.
También ha destacado la importancia de que se valore el riesgo no solo de las madres, sino que se hagan valoraciones forenses de los hijos en los atestados.
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Por su parte, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, se ha mostrado partidario de que se defina en la ley la violencia vicaria como "violencia de género vicaria", teniendo en cuenta que los menores sufren las consecuencias de la violencia contra sus madres, aunque no sean agredidos directamente.
Ha advertido de que esa violencia no se ejerce solo con ataques, sino también con el uso del poder en la convivencia en forma de amenaza o intimidación, que en ocasiones "es un instrumento más poderoso que la propia fuerza".
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El 24 % de la juventud y la infancia de España vive en hogares donde el padre maltrata a la madre, ha recordado el exdelegado. Unos 1,7 millones de niños viven en esos hogares con violencia de genero, lo que tiene consecuencias "externalizantes", como en su salud, aunque es violencia no se dirija contra ellos.
"Hay que apartar a los niños del foco de la violencia", ha aseverado Lorente, partidario de que el régimen de visitas se debe decidir sobre el factor de riesgo, quien ha insistido en que "no es una violencia contra los niños, sino una violencia contra la madre que afecta a los niños".
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Además, ha añadido que la violencia puede ejercerse no solo hacia los niños para hacer daño a sus madres, sino que puede extenderse hacia otras personas cercanas "que puede, estar influyendo sobre la mujer" para perder el control sobre ellas. EFE
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